La Fiscalía General egipcia pidió ayer la pena de muerte en la horca para el expresidente Hosni Mubarak por su implicación en la muerte de manifestantes durante la revolución que acabó con su renuncia el pasado febrero.
En la sesión de ayer del juicio, el ministerio público solicitó la aplicación de «la máxima pena a los acusados por el crimen de asesinato premeditado, cuyo castigo es la muerte», según informó uno de los abogados de la acusación, Ashraf Atwa.
La petición de la pena capital formulada por la Fiscalía incluye también al ex ministro del Interior Habib al Adli y a seis de sus ayudantes, que comparten banquillo con Mubarak en este juicio, conocido en Egipto como «el proceso del siglo».
El ministerio público confirmó la «responsabilidad directa» de Mubarak y de Al Adli en la muerte de los manifestantes durante las revueltas del 25 de enero y apostilló que el ex presidente por su cargo durante las protestas tenía los mayores poderes y recibía informes, por lo que es imposible que desconociera que se estaba asesinando a civiles.
Consentimiento
Al respecto, otro de los abogados de la acusación, Asaad Hekal, explicó que la Fiscalía reveló los testimonios de dos ex ministros del Interior que aseguraron que la decisión de disparar contra los manifestantes no se puede tomar sin tener el permiso del presidente del país.
Hekal agregó que, según el ministerio público, el 27 de enero, dos días después del inicio de la revolución, se celebró una reunión en el Ministerio del Interior en la que se tomó la decisión de utilizar la fuerza contra los manifestantes, lo que condena a Al Adli y a sus asesores.