El Gobierno portugués advirtió de que la decisión del Tribunal Constitucional de anular varias de sus medidas de ajuste coloca en riesgo al país y su «credibilidad externa». Además, el primer ministro, Pedro Passos Coelho, mantuvo una audiencia anoche con el jefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva -que pidió el dictamen del tribunal-, para obtener «una rápida clarificación del Estado sobre relevantes aspectos puestos en causa por la sentencia».
Después de una reunión del Ejecutivo que se prolongó más de tres horas, el secretario de Estado del Consejo de Ministros, Luís Marques Guedes, anunció en una declaración sin derecho a preguntas que el Gobierno no está de acuerdo, pero «acata» la decisión del Constitucional, aunque recalcó que tendrá consecuencias negativas.
Mil millones
El portavoz del Ejecutivo subrayó que, además de los efectos en los presupuestos de 2013 -en los que supone unos mil millones de euros- la sentencia cuestiona la credibilidad «conquistada por el esfuerzo de los portugueses» ante sus socios y acreedores internacionales.
En su opinión, la sentencia perjudica los esfuerzos de Portugal para lograr en la reunión que los ministros de Economía y Finanzas europeos celebran la próxima semana en Dublín el apoyo de sus socios para alargar el plazo de los préstamos concedidos al país, algo por el que el Gobierno «tanto ha luchado».
El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, respaldó la continuidad del actual Gobierno conservador. En un breve comunicado, el presidente portugués manifestó que el Ejecutivo «dispone de condiciones para cumplir su mandato», rechazando así abrir una crisis de Gobierno.