La detención y expulsión de Francia a Kosovo de una niña gitana de 15 años durante una excursión escolar desató hoy una intensa polémica en Francia y volvió a colocar en el centro de las críticas la política de inmigración del ministro del Interior, el socialista Manuel Valls.
Ayer trascendió el arresto el pasado 9 de octubre y la posterior deportación de Leonarda Dibrani, una niña que residía en Levier, en el este de Francia, donde la menor residía desde hacía casi cinco años.
Según los docentes de su colegio, fue el alcalde de ese pueblo de menos de 2.000 habitantes, Albert Jeannin, quien dio la orden al autobús de detenerse en un aparcamiento, donde agentes de policía detuvieron a la menor.
Leonarda, que cursaba tercero en el colegio André Malraux de Pontarlier, se dirigía con sus compañeros de clase y sus profesores a visitar la ciudad de Sochaux.
Según el blog «Red de Educación sin Fronteras», que sacó a la luz la noticia, un profesor le pidió a los agentes que esperasen a que se alejara el autobús, para que el resto de niños no vieran a Leonarda entrar llorando en el coche de policía.
La niña fue expulsada al día siguiente con su madre y sus cinco hermanos. Su padre había sido deportado a Kosovo un día antes.
El titular de Interior, muy criticado por su firmeza a la hora de ordenar expulsiones entre los cerca de 20.000 gitanos del este de Europa que viven en Francia, ha defendido la actuación de las fuerzas del orden, que actuaron «respetando escrupulosamente los derechos de los extranjeros que tiene una orden de abandono».
Sin embargo, el asunto le ha generado tantas críticas incluso dentro del Gobierno y de su partido Valls se ha visto obligado a abrir una investigación administrativa sobre la detención, a petición del primer ministro, Jean-Marc Ayrault.
El más rotundo en su oposición a la detención y expulsión de la menor ha sido el ministro de Educación, Vincent Peillon, que pidió que se convierta los colegios en una especie de «santuarios» y que en el futuro se mantengan «los principios de los derechos y los principios de la humanidad» para que no se repitan este tipo de hechos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, utilizó las redes sociales para pedir que se respeten «valores con los que la izquierda no sabría transigir sin perder su alma».
El jefe del grupo socialista en esa cámara también se ha pronunciado en contra del ministro del Interior al declarar que no hace falta «ir a buscar a los niños al colegio» y comentar que «esa familia parecía estar en vías de integración».
El más crítico fue el líder del Frente de Izquierdas, Jean-Luc Mélenchon, quien calificó de «inhumana» la política de Valls, el ministro mejor valorado del Gobierno por lo opinión pública y a quien había acusado con anterioridad de «cazar en terrenos de la extrema derecha».
Mélenchon subrayó en un comunicado la aparente contradicción en la argumentación de Valls, quien señaló recientemente que los gitanos del este de Europa no tienen vocación de integrarse en la sociedad francesa y al mismo tiempo ordena a la policía que vaya a «perseguirles hasta las escuelas».
El ministro del Interior aseguró hoy que comprende «todas las emociones» e insistió en que «la reconducción a la frontera se desarrolló desde el respeto al derecho y a las personas».
«Que cada uno mantenga la sangre fría», agregó Valls, que el mismo día de la detención hizo público que el Gobierno ha expulsado en los ocho primeros meses del año a 18.126 gitanos del este de Europa, esencialmente de Rumanía y Bulgaria.