La nueva junta militar de Tailandia afianzó ayer su poder, que tomó el jueves tras dar un golpe de Estado, al nombrar a Prayuth Chan-ocha, jefe del Ejército, como primer ministro, citar a decenas de políticos y acentuar el control sobre la prensa, pese a las condenas de la comunidad internacional.
El Consejo para el Mantenimiento del Orden y la Paz Nacional, el nombre oficial de la junta, también prohibió salir del país a 155 personalidades, incluidos miembros del Gobierno depuesto.
La ex primera ministra Yingluck Shinawatra, que se refugió en la casa familiar de Chiang Mai (norte) después de que el Tribunal Constitucional forzase su dimisión hace dos semanas por un caso de abuso de poder, llegó al Club del Ejército de Bangkok en un coche blindado.
Según el medio tailandés «Naew Na», Yingluck ha sido trasladada a un cuartel de la provincia de Saraburi, aledaña a Bangkok, donde permanecerá al menos tres días.
Un «sacrificio»
El jefe del Ejército y autoproclamado primer ministro, Prayuth Chan-ocha, también se reunió con el cuerpo diplomático acreditado, al que comunicó que permanecerá al frente del gobierno hasta que se reforme el sistema político y se restablezca el orden.
La ley marcial y el incruento golpe de Estado son, según el propio Prayuth, un «sacrificio» que asume por la unidad y la estabilidad del país. Este general, de 60 años, tenía previsto pasar a la reserva dentro de unos meses.
La intervención militar se produjo después de ocho meses de protestas para derribar el Gobierno que han causado 28 muertos y más de 800 heridos.
En menos de 24 horas del golpe de Estado, el duodécimo de la Tailandia democrática, los campamentos de los manifestantes antigubernamentales y progubernamentales en Bangkok se han desmantelado y sus ocupantes han regresado a sus casas.
La ONU, la Unión Europea y otros países también han expresado su preocupación por el camino adoptado por Tailandia.
«Estoy muy preocupada por el reemplazo por la fuerza de un Gobierno electo, por la imposición de la ley marcial, por la suspensión de la Constitución y las medidas de emergencia que están restringiendo el disfrute de los derechos humanos», dijo hoy la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, indicó que «no hay justificación para este golpe de Estado», reclamó la inmediata restauración del gobierno civil y adelantó que la asonada «tendrá implicaciones negativas» en la relación bilateral.