La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha avisado este lunes al Gobierno español de que no puede usar la fuerza para impedir a los inmigrantes irregulares cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla y ha resaltado que no vacilará en actuar si detecta incumplimientos de la legislación de la UE.
«Las medidas de vigilancia de las fronteras deben ser proporcionadas y sólo se puede utilizar la fuerza en caso necesario y en la medida en que lo exija el desempeño de las funciones de los agentes, con vistas a proteger su seguridad y sus vidas; no debe recurrirse a la fuerza para disuadir del cruce de fronteras no autorizado», subraya Malmström en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de Bildu, Josu Juaristi.
Juaristi aseguraba en su pregunta que «la situación en las vallas de Ceuta y Melilla continúa agravándose» y que «además de las expulsiones sumarias de personas que se encontraban en territorio español, se han producido decenas de heridos, incluso fallecidos, debido a las agresiones realizadas por las fuerzas de seguridad». En este sentido, se remitía a los testimonios recogidos por la ONG Prodein sobre los intentos de salto del 13 y el 30 de agosto.
«La Comisión ha entablado un diálogo con España para abordar la situación de Ceuta y Melilla, incluso en lo que se refiere a la aplicación de la directiva sobre el retorno a las personas interceptadas al cruzar de forma irregular la frontera», explica la responsable de Interior en su respuesta, en la que aclara que Bruselas «no está estudiando el envío de una misión de observación a Ceuta y Melilla».
Malmström resalta que «la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo».
«Los Estados miembros deben velar por que se respeten las garantías mínimas en virtud de la Directiva sobre el retorno, aun en el caso de haber decidido, como ha hecho España, no aplicarla a los nacionales de terceros países interceptados en la frontera», reclama la comisaria de Interior.
«La Comisión no vacilará en tomar las medidas adecuadas cuando haya indicios de que un Estado miembro ha infringido el derecho de la UE», concluye la respuesta de Malmström.
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