La agencia internacional de noticias Reuters ha elaborado un extenso reportaje en el que aborda el problema de la vivienda en Ibiza y entrevista a varias figuras clave de la noche ibicenca, personajes que son testigos del cambio de paradigma que está sufriendo la isla y que contribuyen a que Ibiza muera de su propio éxito.
«Detrás de la escena fiestera y las playas de Ibiza, una crisis de vivienda ha obligado a muchos residentes y trabajadores temporales a compartir apartamentos abarrotados, desplazarse desde otras islas o vivir en tiendas de campaña y autocaravanas en asentamientos no autorizados» informan desde Reuters. Citan fuentes de activistas que señalan a los propietarios como los causantes de la situación al preferir el arrendamiento vacacional al alquiler de todo el año.
Citan además fuentes gubernamentales del año pasado que cifran en 800 las personas que malviven en asentamientos improvisados como el de Can Rova y se hacen eco también de las informaciones publicadas acerca del desalojo de Can Rova 2, el mes pasado.
Desde dentro es difícil valorar una situación cuya evolución ha empeorado el estado normal de las cosas y su lento declive hace que sea difícil discernir la velocidad del descenso de la calidad de vida en las islas. Cuán cerca estamos del abismo, no lo sabemos. Pero desde fuera, la visión es tenebrosa: «Según datos del portal inmobiliario Idealista, los alquileres en Ibiza alcanzaron un promedio de 33,7 euros por metro cuadrado en julio del año pasado, un aumento del 23 % respecto a julio de 2023. Esto equivale a unos 1.500 euros (unos 1.756 dólares) por un pequeño apartamento de una habitación. El salario mínimo en España es de 1.381 euros al mes», citan en el reportaje.
Se habla también de la falta de profesionales educativos y sanitarios en la isla, lo que se define como una «posible consecuencia» de la situación de la vivienda en la isla. «Algunos empleados se desplazan desde las islas vecinas», añaden en el reportaje.
Entrevistan a profesionales del sector de la salud, quienes detallan su forma de vivir: «María José Tejero, técnica en emergencias de 24 años, comparte un pequeño piso con dos compañeros para llegar a fin de mes, ya que el alquiler duplica su salario». También ponen el foco en un trabajador de la construcción, quien asegura que «mientras los turistas sigan viniendo, habrá gente dispuesta a vivir en condiciones precarias para tener un empleo».
También dan voz a Alejandra, una mujer de 31 años que vive en un refugio gestionado por Cáritas tras el desalojo de su tienda de campaña, donde vivía con su hijo de tres años, y a dos trabajadores del refugio, quienes denuncian la avaricia de los propietarios alegando que «discriminan habitualmente a las familias con hijos y desalojan a los inquilinos para reemplazarlos con turistas durante los meses más lucrativos del verano».
En este sentido informan también de la decisión del Gobierno de retirar miles de anuncios de alquileres vacacionales irregulares y se hacen eco del compromiso del gobierno de Pedro Sánchez de triplicar el presupuesto estatal de vivienda y acelerar la construcción de vivienda protegida. Al mismo tiempo, denuncian que los territorios gobernados por el Partido Popular se rebelan y se niegan a acatar estas medidas. «Una ley de 2023 que introdujo algunos controles de alquiler ha tenido un éxito limitado, ya que muchas regiones controladas por la oposición se niegan a aplicar las reglas, dado que tienen un alto grado de autonomía en política de vivienda».
Por último, este reportaje entrevista a la legendaria drag queen Eva Cavallini, quien asegura que la subida de precios hace que otras drag queens decidan no venir a trabajar en verano a la isla, y pone en relieve una cifra que resume el declive turístico en la zona del puerto y de calle de la Virgen, además del turismo LGTBQ+: «Hace diez años éramos unas 200 drags. Ahora solo quedo yo, la única sobreviviente aquí. Si las cosas siguen así, la isla está acabada».
Para lo que no hace falta ir al consell es para saber que estamos a 18 de agosto y el "equipazo de intruismo" que nos cuesta 7,2 millones de € al año, durante tres años, a día de hoy sólo ha recaudado 400.000 € en sanciones a los ya declarados, por otro periodico de la isla, 10.000 pisos turísticos ilegales sólo en la plataforma de Airbnb. Estas cifras animan más a cometer ilegalidades, el porcentaje de que te pillen es bajisimo, el importe también y el beneficio bestial.