El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha advertido hoy de que si el Gobierno impone por decreto una reforma laboral «será motivo más que suficiente para una huelga general» al tiempo que ha asegurado que, tras aprobarse los recortes del gasto, «hay más razones que ayer» para convocarla.
En rueda de prensa, Ferrer ha anunciado por otra parte que su sindicato y Comisiones Obreras estudian convocar para el próximo 8 de junio, en coincidencia con la huelga del sector público, movilizaciones en toda España para que la sociedad pueda expresar su rechazo a la «agresión» cometida con el decreto de recortes no sólo a funcionarios sino también a pensionistas y dependientes.
«Que las calles de todo el país se inunden contra el decretazo consumado ayer», ha señalado Ferrer, quien ha calificado el plan aprobado por el Consejo de Ministros como un «atentado» que «pone en riesgo el futuro del diálogo social».
Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha pronosticado hoy que «probablemente» se convoque una jornada de huelga general en España por el giro de la política económica y laboral del Gobierno a favor de «la derecha económica, de la especulación financiera y de los llamados mercados».
En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar una asamblea de CCOO en Alicante, Fernández Toxo ha defendido la actuación «rigurosa» de su organización al no haber convocado un paro así hasta ahora, ya que «un escenario de huelga general no deja de ser un drama, aunque a veces sea necesaria».
«Hubiera sido tremendamente fácil liarnos la manta a la cabeza y, a las primeras de cambio, convocar una huelga general», ha apuntado antes de agregar que, pese a que «probablemente la vivamos», un paro de estas características no generará «ninguno de los empleos que se necesitan en el país».
Falta de confianza
Sin embargo, ha recalcado que la actual «reorientación de la política del Gobierno», con el primer paso del plan de ajuste aprobado ayer por el Consejo de Ministros, supone perjudicar las pensiones, los salarios de los funcionarios y aumentar los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia.
«La quiebra de confianza (en el Ejecutivo) se está consolidando e instalando entre nosotros», ha advertido Fernández Toxo, lo que «va a derivar en el establecimiento de un clima de confrontación social importante».