Los concejales de Orihuela Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía quedaron ayer en libertad sin fianza por el juez del 'caso Brugal', aunque imputados, según fuentes conocedoras del caso. Las mismas fuentes explicaron que los tres ediles estarían imputados por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que investiga la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, tomó esa medida tras declarar los tres ediles, todos ellos del PP.
Según las fuentes consultadas, el fiscal había solicitado para cada uno de los concejales la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, petición que fue desestimada.
Además, el empresario Àngel Fenoll y su hijo Antonio Àngel acudieron también a los juzgados para declarar en calidad de imputados. El juez acordó prisión provisional eludible con una fianza de 300.000 euros para Fenoll y de 100.000 euros para su hijo. A ambos se les concedió un plazo de cinco días hábiles para reunir las cantidades establecidas.
A petición del ministerio fiscal, estos importes deben ser adicionales a los ya acordados en 2007 -cuando Fenoll y su hijo fueron detenidos en la primera parte de la investigación del 'caso Brugal'- para garantizar su presencia en el proceso y su localización.
Ripoll, vida normal
Por su parte, el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, reanudó ayer su actividad habitual al frente de la institución provincial, un día después de haber sido imputado, acusado de cinco delitos.
Como todos los días, el dirigente 'popular' acudió por la mañana a su despacho de la Diputación.