El interventor encargado del control de las cuentas de la Casa del Rey deberá hacer cada año un presupuesto con «rigor, economía y eficiencia» y presentar al término del ejercicio un informe que indique la eficacia de su labor, según se recoge en la redacción definitiva del decreto que aprobó el Gobierno sobre la reestructuración de la Casa del Rey.
La figura del interventor de la Casa del Rey fue creada en 2007 por el jefe del Estado, si bien sus funciones no habían quedado oficialmente detalladas hasta finales del pasado julio cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto recogiendo las distintas modificaciones que se han venido introduciendo en el funcionamiento de la institución a lo largo de los últimos años.
En la redacción final del decreto publicada en el Boletín Oficial del Estado se precisa que la Oficina de Intervención dependerá «directamente» del jefe de la Casa del Rey, actualmente Alberto Aza, y que su labor es ejercer «las funciones de control de la gestión económica-financiera, presupuestaria y contable, conforme a las técnicas empleadas en la Administración del Estado».
El Rey decide
En concreto, se detalla que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, que fijan la cuantía de asignación constitucional para el sostenimiento del Rey de España, el interventor debe confeccionar un proyecto de presupuestos para la Casa «con arreglo de los principios de rigor, economía y eficiencia» para elevarlo al Jefe de la Casa con el fin de que sea aprobado por el Rey.
Además, «tras la liquidación de cada ejercicio económico, el interventor elevará al jefe de la Casa del Rey un informe resumen de los emitidos durante el año, expresivo del grado de eficacia lograda en su actividad de control».
Entre sus funciones también figuran las de ordenar los pagos, elevar al jefe de la Casa las cuentas anuales formuladas por la Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios, y cuidar de que tanto las operaciones económicas como las liquidaciones e ingresos de la Hacienda Pública y Seguridad Social, de los diversos tributos y cotizaciones sociales, se realicen con los mismos criterios que los empleados por la Administración del Estado.
El resto del real decreto, que no supone ni incremento de plantilla ni aumento de gasto, se limita a actualizar los cambios que se han sucedido en los últimos años en la estructura de la Casa del Rey.