El Gobierno ha acordado hoy solicitar a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas, deportado a ese país en 1989, para juzgarle en España por la causa en la que se investiga la relación entre ETA y las FARC colombianas y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha señalado que Cubillas ha sido reclamado por distintos delitos de terrorismo en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
En concreto, Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo dependiente del Gobierno de Hugo Chávez, es reclamado por el juez por delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.
Velasco reclamó al Ejecutivo que iniciara los trámites para su extradición el pasado 20 de octubre, aunque le sugirió que antes reclamara al Gobierno venezolano que le retirara esa nacionalidad al entender que el embajador de Venezuela en España y la fiscal general de este país mostraron a la prensa al «voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder» a la entrega del etarra ante la imposibilidad de extraditar a nacionales venezolanos.
La revocación de la nacionalidad, que según el magistrado Cubillas adquirió «en fraude de ley», está contemplada tanto en la Constitución de Venezuela como en el artículo 27 del convenio de extradición firmado con España en 1989, que establece que «los Gobiernos de ambas partes, a través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca para facilitar el cumplimiento de este tratado».
Hoy, el Gobierno ha accedido a la primera de las cuestiones en base a los artículos 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según los artículos 2 y 3 del Tratado de Extradición, pero fuentes consultadas por Efe no han aclarado si se ha hecho alguna gestión con respecto a la sugerencia que Velasco le hizo en su auto, el cual ha acompañado el Ejecutivo en su solicitud de extradición.
En el punto 3 de su artículo 2, el convenio fija que «cuando la solicitud de extradición se refiera a varios hechos» que no estén penados con menos de dos años o contemplados en una sentencia que establezca una pena de la que resten menos de seis meses por cumplir, «la parte requerida podrá conceder también la extradición por estos hechos.
Asimismo, el artículo 3 establece que «también darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en tratados multilaterales en los que ambos países sean parte».
Cubillas tiene además otras causas en vigor relativas a las acciones que se le imputan desde que se integró en el «comando Oker» de ETA en 1984 junto a Idoia López Riaño, alias «Tigresa», José Angel Aguirre y Ramón Zapirain, entre ellos los asesinatos en 1985 de Angel Facal Soto -al que ETA consideraba traficante de drogas- y del policía Máximo Antonio García Kleinler.
Precisamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha reabierto hoy la causa por la muerte de Facal y ha preguntado a la Fiscalía si procede solicitar su extradición al país latinoamericano por este delito.
Sin embargo, fuentes del Ministerio Público han señalado que previsiblemente informarán al juez de que, en su opinión, la causa ya ha prescrito, porque desde 1986 hasta la fecha no existe ninguna acción judicial contra Cubillas relacionada con el asesinato de Facal, ya que el archivo provisional del caso en 1992 no interrumpe el plazo de prescripción.