El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy que reformará la ley de estabilidad presupuestaria para controlar el gasto de la Administración General del Estado en base al crecimiento del PIB nominal a medio plazo y ha confiado en que se sumen las comunidades.
Esta es una de las ocho medidas con las que España quiere cumplir el Pacto del euro, aprobado en Bruselas y que Zapatero ha presentado al concluir el Consejo Europeo, con el objetivo de «reforzar la respuesta a la crisis económica y fortalecer las bases de nuestra economía cara al futuro».
La mayoría de las medidas del plan ya están en marcha o anunciadas, como la reforma de la negociación colectiva, que el Gobierno espera plasmar en un proyecto de ley antes de que termine abril, o un «plan contra el empleo irregular».
Zapatero ha avanzado que, desde junio hasta diciembre de 2012, habrá «incentivos» para hacer aflorar los empleos sumergidos, pero no ha apuntado más detalles porque se va a abrir un diálogo con sindicatos y empresarios.
El control del gasto público responde a la exigencia de «sostenibilidad de las finanzas públicas» incluida en el Pacto del euro y Zapatero ha subrayado la importancia de tener en cuenta el crecimiento económico, el déficit anual o el superávit a la hora de establecer un techo de gasto.
Las comunidades quedan fuera del control
Por respeto al principio constitucional de autonomía financiera, ese control no se va a imponer a las comunidades autónomas, aunque Zapatero ha desvelado que ya han comenzado los contactos para que ellas adopten la misma regla y ha considerado que el acuerdo es «factible» viendo la actitud del PP.
«Será extraordinariamente útil que las comunidades se autoimpongan más control del gasto», ha recalcado, antes de apostar por lograr «un gran pacto» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque el acuerdo es el camino «más sólido y más seguro» para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Zapatero ha subrayado que su Gobierno comenzó a poner en marcha «un ambicioso plan de reformas» en diciembre de 2009, antes de que estallara en pasado mayo la crisis de la deuda soberana griega, y se ha mostrado convencido de su efectividad a la hora de fortalecer la estabilidad del país y despejar dudas e incógnitas.
A su juicio, España está «en la senda de la estabilidad», por lo que la crisis portuguesa no va a exigir ir más rápido en el camino trazado.
Por ello, ha dicho que no hay «ninguna urgencia» en reformar la negociación colectiva y ha considerado «razonable» que sindicatos y empresarios puedan necesitar «quince o veinte días más».
«Que llegue al acuerdo y que podamos cuanto antes trasladarlo a un proyecto de ley; será una aportación más de confianza», ha señalado.
Una de las medidas novedosas incluidas en el listado de Zapatero es la creación en el próximo Consejo de ministros de una «comisión asesora de competitividad», órgano que analizará la evolución de la competitividad y servirá de apoyo para las decisiones del Gobierno y las negociaciones de los agentes sociales.
En la misma línea de fomentar la competitividad, ha recordado su intención de aprobar un proyecto de ley de servicios profesionales que revisará las reservas de actividad y las obligaciones de colegiación de los profesionales con el objetivo de mejorar los problemas de inflación y favorecerá la actividad económica.
Ha enmarcado, asimismo, en ese capítulo la reforma de la ley concursal aprobada el 18 de marzo para favorecer que las empresas puedan refinanciar su deuda y evitar que cierren para pagar a los acreedores.
Para cumplir con el compromiso de mejorar el nivel del empleo incluido en el Pacto del euro, junto al plan contra el trabajo sumergido Zapatero ha apostado por la formación.
Ha recordado así la reforma de las políticas activas de empleo y ha prometido que en los próximos seis meses se aprobará un conjunto de decretos para mejorar el acceso al sistema de formación profesional, su calidad y su adecuación a las necesidades del sistema productivo.
El Pacto del euro implica también garantizar la estabilidad financiera y Zapatero ha destacado las nuevas exigencias de capital aprobadas en España a través de un decreto que obligará a cajas y bancos a recapitalizarse antes del 30 de septiembre
Según ha explicado, este mes las entidades deben presentar sus estrategias y hay un compromiso legal de cubrir eventuales deficiencias adicionales que puedan revelar los nuevos test de resistencia.