El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado hoy la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el «caso Gürtel» y sus abogados, por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
En el auto, el magistrado instructor de la causa en el TS, Alberto Jorge Barreiro, argumenta que Garzón «decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales» y que «le resultó indiferente» que las mismas no tuvieran otro contenido «que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa», señala.
Jorge Barreiro considera que Garzón -suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional el pasado 14 de mayo-, con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de lograr por medios lícitos, accedió a las conversaciones de los abogados con los internos en los locutorios del centro penitenciario de Soto del Real, sin excluir a los letrados encargados de la defensa en el proceso penal.
Con esta decisión -añade-, «conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática».
Además, resalta que «como era consciente el acusado de que la resolución que adoptaba tenía una capital incidencia en el derecho fundamental a la defensa introdujo a modo de coletilla la prevención de que se garantizase ese derecho, cosa que sabía imposible en los términos en los que había dispuesto la medida».
Se refiere de esta forma al auto dictado por Garzón el 19 de febrero de 2009 en el que ordenaba la grabación de las comunicaciones «previniendo el derecho de defensa».
El 6 de marzo de ese año, prorrogó las escuchas, con lo que, según Jorge Barreiro, «decidió continuar con la medida revalidando su ilícita decisión con la finalidad de aguardar nuevos frutos para su investigación».
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el «caso Gürtel» al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo, que aún permanecen en prisión.
El instructor del TS considera que la Policía, la Fiscalía y el propio Garzón, que tenía previsto interrogar a los imputados después de haberles grabado, tuvieron acceso a información relevante antes de que los acusados declararan, accedieron indebidamente a las estrategias de defensa, y una vez conocido el contenido íntegro de la relación confidencial, sólo entonces, se decidió el expurgo, cuando ya se había producido la lesión del derecho fundamental de forma irremediable.
«Al dictarse esta resolución -el 27 de marzo de 2009- ya se había consumado la lesión del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones entre interno y abogado con grave afectación al derecho de defensa», señala.
Peláez solicita para Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que la defensa de Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía reclama la absolución.
En otro auto, fechado el pasado día 8, el magistrado del Supremo rechaza también las últimas diligencias solicitadas por Garzón, que desde que fue suspendido de su cargo ejerce como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, antes de la apertura del juicio oral.
Baltasar Garzón pidió que se incorporara a la causa el auto del instructor del «caso Gürtel» en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que levantó la imputación a los abogados de Correa, Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, imputados hasta entonces por colaborar en blanqueo de los beneficios obtenidos por el cabecilla de la trama.
Una medida que Jorge Barreiro califica de innecesaria e «inútil» para el objeto del proceso y que en ningún caso «va a propiciar la exclusión de los indicios de los presuntos ilícitos penales».
«Las peticiones que viene formulando la parte querellada en el último mes carecen ya de fundamento y para lo único que sirven en esta fase procesal es para dilatar la marcha del proceso», concluye.