El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido hoy de nuevo provisionalmente de sus funciones al juez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Supremo le haya abierto juicio oral por ordenar la grabación de las conversaciones en prisión entre los imputados del «caso Gürtel» y sus abogados.
Así lo ha acordado, por unanimidad, la Comisión Permanente del Consejo, presidida por el vocal Félix Azón e integrada por los vocales Manuel Almenar, Almudena Lastra y Antonio Dorado, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
Esta es la segunda vez que el CGPJ suspende cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional a Garzón, que trabaja como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya-, ya que ya lo hizo el 14 de mayo de 2010 tras la apertura de juicio dictada por el Supremo contra Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Este acuerdo se someterá al pleno del Consejo previsiblemente el próximo 28 de abril para su ratificación.
El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, no ha estado en la reunión de la Comisión Permanente de esta mañana, por lo que ha sido sustituido por el vicepresidente, Fernando de Rosa, quien se abstenido de este asunto, al igual que lo ha hecho la vocal Margarita Robles.
De Rosa y Robles tampoco intervinieron en la decisión de suspender a Garzón por la causa del franquismo porque se apartaron de este asunto tras conocer que el juez les había recusado.
Garzón alegó «interés personal en el asunto» de De Rosa, al que atribuyó «amistad íntima» con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, así como «coincidencia en funciones públicas» con Margarita Robles, subsecretaria de Justicia cuando él fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
El Consejo, según las mismas fuentes, ha adoptado esta decisión tras examinar el informe del fiscal y las alegaciones presentadas por Garzón.
La Fiscalía del TS se ha mostrado favorable a suspender a Garzón por la causa de las escuchas de la Gürtel, ya que, en su opinión, si la finalidad es evitar daños al normal funcionamiento de la Administración de Justicia o evitar que peligre la confianza en la misma de los ciudadanos, «es claro» qué podría ocurrir «de continuar ejerciendo como titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional».
El CGPJ inició la semana pasada los trámites para suspender por segunda vez a Garzón preguntando al fiscal si procedía tal medida, tras recibir el auto de Alberto Jorge Barreiro, el magistrado del Supremo que instruye la causa contra el juez por ordenar la grabación de las conversaciones en prisión entre los imputados del «caso Gürtel» y sus abogados.
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el «caso Gürtel» al empresario José Luis Ulibarri y posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo, quienes permanecen en prisión.
Peláez solicita para Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía la absolución.
bieeennnn..se va haciendo justicia...hacia este personaje...seguir asi