El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó hoy que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, por real decreto-ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido.
En rueda de prensa, Gómez recordó que hoy acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador que les han entregado con el plan.
Al respecto, destacó que, si las propuestas de la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT son «razonables, serán bien recibidas».
Explicó que en el diálogo que se ha mantenido con los agentes sociales ha habido «diferencias importantes», por lo que, «como siempre», el Gobierno intentará que el real decreto-ley sea «equilibrado».
No obstante, el titular de Trabajo subrayó que el plan del Gobierno no estaba previsto que fuera sometido a un «período de negociación» con los interlocutores sociales.
Lo que se acordó entre todas las partes era que la iniciativa gubernamental se sometería a un «período de consultas», precisó el ministro de Trabajo e Inmigración.
Valeriano Gómez descartó que con el plan del Gobierno se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses.
El ministro también indicó que el segundo borrador que les han entregado a las partes puede sufrir variaciones hasta el viernes.
Plazo
Así, todavía no se ha determinado si el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores «en negro» será de «dos o tres meses», explicó Gómez.
Tampoco, según el ministro, se ha concretado si serán 6 meses -como aparece en el segundo borrador- o un año -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocerá a los trabajadores que se les dé de alta en el proceso voluntario de regularización de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones.
En este punto, Valeriano Gómez quiso precisar que el objetivo del Gobierno no es «mirar al pasado, sino al futuro», lo que supone que haya más empleo irregular declarado, porque supondrá más ingresos para el Estado.
El ministro eludió concretar cuánto empleo sumergido aflorará con el plan, porque hablar del «trabajo negro, oculto es difícil».
Lo que sí quiso dejar claro es que con el plan del Ejecutivo «ganan todos», porque cada que vez que las empresas y los trabajadores coticen por su nueva situación se estará generando protección social.
El plan del Gobierno prevé que durante un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en negro.
Esto les evitará ser sancionados, pero no les impedirá tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades.
Una vez agotado ese período, los patronos deberán hacer frente a sanciones más duras que las actuales.