La Conferencia Episcopal advierte que el proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, conocida como Muerte Digna, podría «encubrir prácticas eutanásicas».
Así lo asegura en un documento que ha hecho público en el que resume las conclusiones de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En el mismo se recuerda las numerosas ocasiones en las que «han hecho oír su voz» para anunciar el evangelio de la vida, según el cual «la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra».
Los obispos creen que el proyecto de ley emplea una «definición reductiva del concepto de eutanasia». Así, entienden que con él «se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración».
Cobertura legal
En este contexto, señala algunas «conductas eutanásicas» a las que se daría cobertura legal, como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.
La declaración episcopal se muestra crítica también con el trato que recibe en la Ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con el hecho de que los profesionales de la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y con que no les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, Juan Manuel Molina, considera que es «oportuno» el pronunciamiento de la Iglesia y recuerda que varias sociedades han denunciado que «es un ejercicio eufemístico más de la eutanasia».
Algunos gobernantes harían un favor a la sociedad autoaplicándose esa ley de Muerte digna. Ya que políticamente hace tiempo que están moribundos.