El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona ha citado a declarar como imputados al director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y a la exconcejal de Seguridad de Barcelona Assumpta Escarp (PSC) por el intento de desalojo y carga policial del 27 de mayo en la plaza de Catalunya contra la acampada de 'indignados', que derivó en una batalla campal entre los acampados y los antidisturbios con más de cien heridos.
El juez admitió a trámite hace más de un mes la querella que presentaron 56 personas desde la comisión penal de la acampada 'indignada' --que permaneció en este enclave más de un mes-- contra Prat y Escarp, que ahora deberán declarar ante el juez, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
También ha sido imputado el intendente de la región metropolitana, Antoni Antolín, y el responsable de la Brigada Móvil, David Bordas.
La querella incluía al conseller de Interior, Felip Puig, pero no será investigado por su condición de aforado, ya que en todo caso debería hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Según consta en el auto de admisión de la querella, el juez ve que los hechos que se denuncian son merecedores de ser investigados para valorar si ha habido una «presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de reunión».
Según recoge la interlocutoria, los querellantes aseguran que la policía entró esa madrugada en la plaza Catalunya con el ánimo de desalojarla sin notificarlo previamente «para realizar trabajos de limpieza y retirada de objetos peligrosos».
Muchos de los acampados no obedecieron las órdenes y se quedaron en el lugar por la «actitud intimidatoria de los policías» y para proteger sus objetos personales.
Allí, los agentes retuvieron a los 'indignados' que se quedaron, y que recibieron, según el auto, «un trato intimidatorio, amenazador y vejatorio con amenazas de cargas policiales y prohibiéndoles ir al lavabo y comer».
El gran problema de hoy en día con la justicia, aparte de lenta es que resulta "insegura". Muchos, demasiados jueces se pierden en valoraciones absurdas y en filosofar jurídicamente consiguiendo alguna extraña sentencia fundamentada en algún precepto legal de lo más extraño, aunque resulte incomprensible y contrario al sentido común para el resto de mortales. Ocupar una plaza o calle a la fuerza (la fuerza de ser muchos, la multitud, de intimidar con el número de asistentes, de hacer lo que me da la gana al fin y al cabo, actuar impunemente y aprovechando el anonimato que ofrece estar oculto entre la multitud) no debe confundirse con el derecho de reunión que esta regulado y se debe a unos preceptos legalmente establecidos. Que tengamos que tragar con esa parafernalia que se han montado algunos sectores identificados con los indignados, quienes se creen autorizados por ley a hacer simple y llanamente "lo que les da la gana" no es de aplicación al sentido común. Como bien dice uno, váyanse delante de la casa del juez, caguen y orinen en su portal, monten tiendas de campaña en su plaza de parquing, y ya verán que autoridad tiene. Déjense de aburrir y confundir a la población con lecciones de derecho constitucional y estudien antes la Constitución y la obligación de cumplir "todos" con los derechos propios y con los de los demás, y en especial dediquen un tiempo a leer el apartado de los "deberes", ese del que siempre se olvidan y el cual ignoran. Por otro lado están los políticos que dan instrucciones a sus fuerzas del orden y cuando las cosas no salen como querían o como pensaban, los utilizan de cabeza de turco ante la población y la opinión pública. Mal papel tienen. Ah!, y los comercios afectados que se aguanten según parece.