El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Baleares a tomar préstamos a largo plazo y/o realizar una o varias emisiones de deuda pública (obligaciones y bonos) hasta un importe máximo de 467,06 millones de euros.
Así, se podrán cubrir las amortizaciones ordinarias a largo plazo del primer semestre del ejercicio en 2012, por lo que dicha operación no supondrá un aumento de endeudamiento de la Comunidad al final del ejercicio, según la nota emitida tras el Consejo de Ministros de hoy.
Además, se prorrogan las autorizaciones previamente concedidas a dicha Comunidad Autónoma por los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de julio y 23 de septiembre de 2011 de autorización de operaciones de endeudamiento por un importe total de 387,90 millones de euros.
La Comunidad Autónoma ha comunicado que, debido a las circunstancias que presentan actualmente los mercados financieros a la fecha de la solicitud de prórroga, no ha podido formalizar las mencionadas operaciones por el importe total que tenía autorizado.
La volatilidad de los mercados financieros ha frenado las operaciones de captación de fondos por las Comunidades Autónomas, que no han podido hacer efectivas todas las autorizaciones de endeudamiento concedidas por el Consejo de Ministros para el pasado ejercicio 2011, según el Ejecutivo.
De acuerdo con la nota facilitada tras la reunión del Consejo, con el fin de atender sus necesidades de financiación, las Comunidades Autónomas están solicitando prórrogas de las autorizaciones previamente concedidas.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Baleares, la proximidad de los vencimientos de la deuda justifica la concesión de la decisión del Consejo de Ministros de prorrogar las autorizaciones de endeudamiento ya concedidas en 2011 y que no han podido llevarse a cabo, en un contexto de inestabilidad de los mercados financieros.
Además, las Comunidades Autónomas se enfrentan a vencimientos de la deuda previamente emitida, en los próximos meses. Todas estas necesidades se atenderán en las próximas semanas, por ser conformes a los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No obstante, en el caso de Baleares, la urgencia de sus vencimientos de deuda motiva que el Consejo de Ministros haya autorizado ya sus primeras operaciones de endeudamiento para 2012.
Techo de gasto
Las comunidades autónomas y el resto de administraciones deberán aprobar un techo de gasto previo a sus presupuestos, en tanto que se enfrentarán a eventuales sanciones en función de la reincidencia y gravedad de sus incumplimientos de las normas de estabilidad presupuestaria.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que estas premisas constan en el anteproyecto de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que ha presentado hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que llevará el próximo martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El objetivo final es que todas las administraciones públicas presenten equilibrio o superávit, es decir, que el déficit no supere el 0,4 % del PIB, y que su deuda no supere el 60 % del PIB.
Pero hasta que finalice el periodo transitorio, Sáenz de Santamaría ha explicado que el techo de gasto servirá para elaborar los presupuestos y, posteriormente, será cada autonomía la que decida la distribución de los mismos.
Además, este anteproyecto prevé «mecanismos correctores» para devolver a la senda de la estabilidad eventuales desviaciones del déficit o la deuda durante la ejecución del presupuesto.
Estos mecanismos contemplan que cuando haya una desviación en los objetivos de déficit y deuda se establezca una corrección «cuasiautomática» que tendrá como referencia un porcentaje del PIB, y se verá cómo debe solucionarlo la administración responsable.
En función de los baremos de gravedad o reincidencia que establezca el Ejecutivo se definirán las correspondientes sanciones, aún por determinar.
Además, la norma -que responde al acuerdo constitucional pactado por PP y PSOE el pasado agosto- introduce elementos de «transparencia» que permitan conocer el estado del cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria.
Para ello, todos los proyectos de presupuestos deberán acompañar la equivalencia en términos de deuda o superávit, recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de operaciones de pago aplazados.
Objetivo: la estabilidad presupuestaria
La norma busca la estabilidad presupuestaria en un horizonte permanente, ha explicado Sáenz de Santamaría, y es por ello que incorpora la palabra «sostenibilidad» a su enunciado, mientras que quiere adelantarse a los futuros requerimientos de gobernanza económica europea.
Preguntada por la posibilidad de que el Estado tenga que acudir al rescate de alguna comunidad autónoma, Sáenz de Santamaría ha señalado que el Gobierno trabajará por la «solvencia» del país y porque todas las autonomías «puedan cumplir sus compromisos y sus responsabilidades».