El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado el establecimiento de un «gravamen especial» del 10% para las rentas no declaradas tanto de personas físicas como jurídicas que sean regularizadas, lo que en la práctica puede interpretarse como una amnistía fiscal. El denominado «Programa especial de regularización de activos ocultos» estará en vigor hasta el 30 de noviembre de este año y permitirá recaudar unos 2.500 millones de euros, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. Se calcula que van a aflorar 25.000 millones.
Montoro ha eludido calificar expresamente esta medida de amnistía y ha dicho que es una decisión que le gusta «más o menos», pero que hay que llevarla a cabo «en un momento en que hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar sin subir impuestos indirectos y sin perjudicar la distribución tributaria». Ha dejado claro que se trata de «una ventana» que va a estar abierta excepcionalmente, razón por la que ha apelado a quienes se vean afectados para que regularicen su situación lo antes posible.
Sanciones
De hecho, cuando finalice el programa se endurecerán las sanciones por fraude fiscal. Sobre si considera coherente promover una amnistía fiscal al tiempo que se lucha contra el fraude, Montoro ha afirmado que es «lo más lógico», puesto que el Gobierno ha constatado que no se ha corregido lo suficiente el fraude y que, por tanto, «hay que hacer un esfuerzo mayor para que afloren ese tipo de actividades y de rentas».
Montoro ha explicado que quienes regularicen las rentas no declaradas evitarán las posibles penalizaciones en sus declaraciones tributarias.