El Gobierno quiere poner en marcha este año un plan para atajar la «elevada» tasa de absentismo entre los funcionarios que prevé que los empleados públicos no cobren la totalidad de su salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal.
Así lo recoge el ‘Programa Nacional de Reformas 2012' enviado por el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año «se reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado».
Entre las medidas que se prevén está la «modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo».
Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para «reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad». Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.
Riesgo moral
El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es «reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos».
En su opinión, este absentismo «repercute directamente en la productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su competencia».