Una veintena de ONG van a denunciar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que España incumple compromisos internacionales, principalmente por las políticas adoptadas en respuesta a la crisis económica, «que derogan garantías legales de los derechos sociales».
España va a ser evaluada el próximo lunes por este organismo de Naciones Unidas, integrado por 19 expertos independientes, encargados de redactar recomendaciones a los estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el cumplimiento de sus compromisos.
El comité analizará el informe de rendición de cuentas remitido por el Gobierno y otros dos por ONG, uno elaborado por Amnistía Internacional y el otro consensuado por una coalición de 19 organizaciones, como la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de ONG de desarrollo o el Centro por los Derechos Económicos y Sociales.
Las organizaciones de derechos humanos coinciden en denunciar que el Estado Español no está protegiendo los derechos sociales y así lo van a exponer cuatro representantes de la sociedad civil en la sede de este organismo en Ginebra.
Uno de ellos, Vanesa Valiño, del Observatori DESC, asegura que «el Estado no está ni de lejos dando cumplimiento a los compromisos internacionales, sino que más bien está profundizando el recorte en derechos sociales para salir de la crisis».
Regresión
«Nuestro análisis es que todas las políticas que se están impulsando, como la reforma laboral, el código de buenas prácticas de las entidades financieras en materia de ejecuciones hipotecarias o la reforma sanitaria, lo que hacen es empeorar más la situación», dijo.
Las 19 ONG muestran en su informe su preocupación por «la notable regresividad en la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales» de las medidas adoptadas por la crisis, la desigual distribución de recursos en el país que genera diferencias entre zonas geográficas y la ausencia de medidas de protección social para las personas más vulnerables, como mujeres, migrantes, personas con discapacidad, gitanos o infancia.