La tonadillera Isabel Pantoja, su expareja y exalcalde de Marbella Julián Muñoz y la exesposa de éste Maite Zaldívar han compartido hoy el banquillo de los acusados en el juicio por una causa de blanqueo de capitales derivada del «Caso Malaya» y han coincidido en criticar la actuación judicial llevada a cabo.
Precedida de gran expectación mediática y con presencia de seguidores de la artista, ha arrancado en Málaga la vista, donde el abogado de la intérprete, Jose Ángel Galán, ha denunciado el trato degradante a su cliente desde el inicio de la investigación y ha alegado vulneración de derechos fundamentales y nulidad de actuaciones.
Durante la sesión, Pantoja ha permanecido con gesto triste, mirando al suelo y con los brazos cruzados, mientras que Muñoz ha tomado numerosas notas en un pequeño ordenador.
La artista y Zaldívar se enfrentan a una petición fiscal de tres años y medio de prisión cada una y respectivas multas de 3,6 millones y 2,6 millones de euros y Muñoz a siete años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo y multa de 7.466.000 euros.
La Fiscalía mantiene que Pantoja y Zaldívar eran «perfectamente conocedoras del origen ilícito» de los fondos y bienes que recibían de Muñoz y sabían «cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos».
La fiscal, María del Mar López, ha presentado hoy nuevas pruebas documentales, entre ellas numerosa documentación del juicio del «Caso Malaya» contra la corrupción en Marbella, informes policiales y la sentencia del «Caso Minutas» para demostrar el origen ilícito de los bienes.
Entorno familiar de Isabel Pantoja
El letrado de Isabel Pantoja ha recriminado la actuación de los policías que la investigaron por no centrarse sólo en la tonadillera sin -a su entender- causa alguna, sino que también lo hicieron en todo su entorno familiar y profesional, entre ellos, su hijo, Francisco José Rivera Pantoja, y su representante, María Navarro.
Ha afirmado que aunque las actuaciones contra su cliente se iniciaron sin nada concreto, se autorizó investigar sus cuentas.
La Policía analizó en su día cuentas en más de 30 bancos relativas a fondos y productos financieros de más de 40 personas.
Para el letrado de Isabel Pantoja todas las investigaciones que autorizó el juez, Miguel Ángel Torres, no tenían base y se detuvo a la cantante sin concretarle los hechos y delitos que se imputaban, «sin sospechas ni indicios», y cuando se le pudo citar en el juzgado es porque no cometió delito flagrante ni había peligro de fuga.
Por ello, cree que se vulneraron los derechos más fundamentales; denuncia que se le retuvo toda la noche en los calabozos y al día siguiente su estado era «lamentable» y ha recordado que se publicó la ficha policial de la artista, que ha sufrido -a su juicio- una exposición mediática continuada y un trato degradante.
Los defensores denuncian vulneración de derechos fundamentales y creen que la documental aportada por el fiscal es sorpresiva y atentatoria al derecho de defensa al no tener tiempo de estudiarla.
Banquillo compartido
El letrado de Julián Muñoz, Miguel Criado, pide que el juicio no se celebre hasta que haya sentencia en el «Caso Malaya» para no incurrir en vulneración de derechos y que sea una vista justa; compara el juicio con la teoría del fruto del árbol envenenado y explica que si la raíz está podrida, también lo estarían las ramas, en alusión a Malaya.
El abogado de Zaldívar y de su hermano Jesús -procesado en la misma causa-, Alfredo Herrera, ha asegurado que las defensas no han tenido acceso a unas piezas documentales, lo que podría suponer que la causa se retraiga al juzgado de instrucción, aunque ha pedido que sea la propia sala la que lo resuelva y de traslado a los letrados.
En el banquillo se han sentado diez personas y los procesados más populares han estado en la misma fila, por lo que la foto más esperada por la prensa del corazón se ha conseguido -el exalcalde junto a su exnovia y su exmujer- aunque otros encausados se han intercalado entre ellos para que no estuviesen juntos.
Pantoja llegó a la sede judicial seria y sin hacer declaraciones para un juicio que sigue mañana con respuestas del fiscal y la acusación particular a las cuestiones previas de las defensas.
“Hace tiempo ya que la justicia no es creíble en el País Valenciano”. Ximo Puig ha manifestado que las presiones que denuncia el juez Jacobo Pin para archivar la causa por cohecho del presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, son inaceptables, “indican un funcionamiento poco claro de la justicia” y ante todo “Fabra debe tener el castigo que le corresponda”.