El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán pasa su primer fin de semana en prisión pendiente de su futuro y de la libertad que podría recuperar si su familia logra la fianza de 30 millones de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
En la «Operación Crucero», el magistrado envió el miércoles a prisión a Díaz Ferrán, al liquidador de empresas Ángel de Cabo y a otros seis imputados por el vaciamiento de Marsans, acusados de los delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales, entre otros.
Para salir de la cárcel, el juez impuso a De Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y Marsans y supuesto cabecilla de la trama para ocultar bienes del grupo turístico, una fianza de 50 millones de euros, la mayor establecida en España a título individual.
En el caso de Díaz Ferrán y de Iván Losada -mano derecha de De Cabo- el juez estableció que debían abonar 30 millones de euros cada uno para evitar la cárcel, la misma cuantía que se fijó en 1999 al empresario Javier de la Rosa por el caso Torras y que era la mayor hasta ahora.
Fuentes próximas a la familia de Díaz Ferrán consultadas por Efe consideran que la fianza es «demasiado alta» y añaden que presentar un aval por esa cuantía es incluso «muy complicado».
No obstante, aseguran que su entorno está haciendo «todo lo posible» para que el exempresario, que cumplirá 70 años el próximo 27 de diciembre, pueda salir de prisión «cuanto antes».
Mientras tanto, Díaz Ferrán pasa sus primeros días en la prisión madrileña de Soto del Real, en la que ingresó junto a los otros seis detenidos en la «Operación Crucero» tras el protocolo habitual de toma de huellas y revisión médica.
Las fianzas impuestas por el juez se explican porque tras el traspaso de Marsans a De Cabo, el liquidador pudo detraer activos del grupo turístico por al menos 30 millones de euros, que al parecer habían beneficiado directamente a Díaz Ferrán.
De hecho, en el auto de prisión del expresidente de CEOE se desveló que desde 2010 Díaz Ferrán había estado cobrando 100.000 euros mensuales de De Cabo, mientras su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, no había recibido al parecer ningún pago hasta su muerte.
En total, Díaz Ferrán y Pascual podían haber recibido 16 millones como contraprestación por haber traspasado sus bienes personales y el grupo Marsans a De Cabo, quien supuestamente maquinó operaciones para repartir efectivos y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores, que podrían rondar los 10.000.
De Cabo utilizó un elevado número de sociedades a las que desvió muchos de los bienes, derechos y fondos titulizados por el grupo Marsans a través de una trama que finalmente se destapó y que llevó a la Audiencia Nacional a ordenar el bloqueo de 50 millones que el entramado intentaba sacar de España.
Esa cantidad procedía principalmente de Air Comet, la primera compañía del grupo en ser declarada en concurso de acreedores; de Trapsa, dedicada al transporte por carreteras; y de las sociedades Holdisan y Grudisan, ambas propiedad de Díaz Ferrán.
Además, tras las detenciones de los principales imputados, la Policía encontró un millón de euros en manos de De Cabo, dos trofeos de caza mayor, 380.000 euros en una caja de seguridad, así como 150.000 euros que guardaba Díaz Ferrán en su domicilio y un kilo de oro.
Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que tanto él como su mujer, Raquel Santamaría, se declararon hace tiempo en concurso de acreedores, aunque posteriormente, en agosto pasado, al parecer habían obtenido 4 millones con la venta de una mansión en Mallorca.
Por todo ello, los afectados por la quiebra de Marsans piden que todos los bienes y el dinero que se incaute se destine a pagar a los acreedores, mientras Díaz Ferrán ha negado al juez que tenga bienes en el extranjero -con la excepción de un apartamento en Nueva York- o dinero en paraísos fiscales.