La defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha presentado este miércoles un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el 'caso Gürtel', en el que asegura que regularizó 10.988.040 euros tras acogerse a la amnistía fiscal. Al respecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha recalcado que es la Justicia la que debe dilucidar la licitud del dinero.
Según han fuentes jurídicas, Bárcenas, al que la Audiencia Nacional localizó cuentas bancarias en Suiza en las que llegó a tener 22 millones de euros, explica en su escrito que estos 10,9 millones de euros corresponden «a fondos a nombre de (la sociedad) Tesedul no declarados en su día y ahora regularizados». Esta cantidad, según su defensa, correspondería a una declaración de impuestos que no habría prescrito.
El escrito aporta la liquidación presentada por el citado importe, por la que pagó en torno a un millón de euros (el 10 por ciento) para lograr la regularización, así como una declaración complementaria del impuesto de sociedades a nombre de Tesedul correspondiente al ejercicio de 2011. Bárcenas presentó esta liquidación el pasado 28 de diciembre de 2012 tras pagar a Hacienda de 317.995 euros. El tercer documento entregado por el extesorero del PP reúne los justificantes de las dos cuotas abonadas.
Tras recibir esta documentación, el juez Ruz ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre las diligencias que considera oportuno realizar tras su entrega.
DINERO AJENO AL PP
El abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, aseguró el pasado 17 de enero que su cliente se acogió a la amnistía fiscal impulsada por Gobierno de Mariano Rajoy regularizando un total de 10 millones de euros, al tiempo que admitió que su «error» fue no declarar ese dinero antes a Hacienda.
En una entrevista en Cuatro, el letrado explicó que disponía de ese dinero desde 1988 y que no tiene «nada que ver» con el PP, sino que procedía de los beneficios que le habían procurado operaciones mercantiles e industriales realizadas con socios extranjeros y fuera de España, «básicamente en Sudamérica».
Ese mismo día, la Agencia Tributaria desmintió que Bárcenas se hubiera acogido a la amnistía fiscal en un comunicado en el que aseguraba que, en el ejercicio de sus funciones, actúa de oficio siempre que hay indicios de actuaciones irregulares fiscalmente y se personará en los procesos judiciales en los pueda haber perjuicio a la Hacienda Pública.
Al ser preguntado al respecto, Montoro ha enmarcado la presentación de estas pruebas por parte de Bárcenas en su «legítima estrategia» de defensa, considera que se está demostrando que la «Justicia y la Agencia Tributaria están «funcionando». «Y, a partir de ahí, debemos ver cuáles son las conclusiones a las que llegan todos esos procesos», ha añadido.
El titular de Hacienda se ha reafirmado en los argumentos que ya expuso la semana pasada durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, incidiendo en que Bárcenas no se acogió a la regularización «como persona física» ni como «persona jurídica», sino «a través de interpuestos».
«Pero eso -ha remarcado- no afecta para nada a los procesos en marcha. La regularización no afecta a esa situación judicial ni de seguimiento de control administrativo al que pueda estar sometido».
Preguntado si la regularización seguiría siendo válida si el dinero de Bárcenas procediese de actividades ilegales, el ministro ha respondido que «esa será la cuestión que tendrá que dilucidar la Justicia».
EL PSOE CREE QUE MONTORO NO PUEDE SEGUIR COMO MINISTRO
Desde el PSOE, el secretario de Organización del partido, Oscar López, a través de su cuenta de Twitter, ha señalado que «queda al descubierto» que Hacienda no dijo la verdad, tras el comunicado del extesorero del PP.
«Una grave mentira del Gobierno del PP», ha dicho López, que ha acusado a Montoro de haber desmentido «con excesiva rapidez y contundencia» que Bárcenas se había acogido a la amnistía fiscal. «Como para seguir siendo ministro, no puede», ha añadido en referencia al titular de Hacienda.
Bárcenas se ha acogido a la amnistía fiscal. Nos hemos enterado porque finalmente una comisión rogatoria suiza ha tenido efecto positivo y, por tanto, nos enteramos gracias a eso y no porque el Gobierno quisiera explicarlo», ha lamentado el portavoz del PSOE de Hacienda en los pasillos Congreso.
Para el diputado socialista, con esto se pone de manifiesto que la amnistía fiscal ha resultado ser «un coladero, un traje a medida para defraudadores y para delincuentes», por lo que ha vuelto a preguntar al Gobierno «cuántos Bárcenas más hay en los más de 30.000 expedientes del proceso de amnistía fiscal».
«Estamos conociendo cosas no por el Gobierno, sino porque los hechos van descubriendo lo que está sucediendo gracias a la Justicia», ha subrayado Saura, quien después en su cuenta personal de Twitter ha insistido en «si es verdad que Bárcenas se ha acogido a la amnistía fiscal», el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, «se tendría que ir».
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el portavoz económico del Grupo, Alberto Garzón, considera que la amnistía fiscal «es un agujero por el que se escapan crímenes económicos y no sólo económicos». «Las pruebas de Bárcenas contradicen las palabras del ministro Cristóbal Montoro y le generan un gran conflicto político», ha añadido.
A su juicio, y a la vista de que el Gobierno negaba que el extesorero del PP pudiera haberse acogido a esta regularización dada su implicación en el 'caso Gürtel', «está claro que Hacienda ni comprobaba la identidad ni la procedencia de los fondos».
LA REGULARIZACION FISCAL ES VALIDA SALVO QUE EL DINERO SEA ILICITO
Por su parte, el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha asegurado a Europa Press que la regularización fiscal que ha llevado a cabo el extesorero del PP es válida salvo que se demuestre que el dinero tiene un origen ilícito.
No obstante, ha aclarado que el hecho de que la regularización sea válida, no impide que el juez pueda investigar otros delitos, como es el origen del dinero, si tiene elementos indiciarios que apunten a la ilicitud de los fondos.
Pero considera que es una «jugada maestra de la defensa» de Bárcenas, porque para que el juez pueda investigar ahora tiene que tener algún informe policial o indicios judiciales de que ese dinero no procede de una actividad legal.
En este sentido ha insistido en que la carga de la prueba le corresponde a la Administración Tributaria y a la Justicia, y son estas quienes deben demostrar que los fondos no han sido obtenidos de una manera lícita.
También, ha afirmado que si se demostrara que el origen de los fondos es ilícito, la regularización no sería válida, porque no se pueden regularizar fiscalmente fondos procedentes de delitos. Esos fondos tendrían que ser incautados, ha agregado.
Por último, ha asegurado que el equipo de abogados del extesorero del PP ha hecho una «jugada maestra» porque la única imputación que tiene Bárcenas por delito fiscal corresponde al ejercicio de 2006 y no se le había comunicado formalmente la apertura de un procedimiento de investigación contra la sociedad Tesedul, la sociedad con la que ha regularizado los fondos.