El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Costas, con el apoyo del PP, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.
De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CIU.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, «si es necesario», porque considera que la llamada cláusula «antialgarrobico» invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.
No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos.
Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al «urbanismo salvaje», como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.
Durante el debate, que se ha celebrado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Oramas (CC) ha afirmado que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.
A juicio de Olaia Fernández Dávila (BNG), la futura ley «soluciona la ilegalidad» y su objetivo es garantizar industrias contaminantes, mientras que el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de «nula» la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.
También para Joseba Agirretxea (PNV) han supuesto una «gran decepción» las «pocas ganas» de negociar del PP; y Toni Cantó (UPyD) ha afirmado que se trata de una ley de «resultados inaceptables», y que el litoral está peligro por su «estrechez de miras».
La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso «tan opaco y acelerado».
Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) ha apuntado que se «alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental» y se abre la veda a la especulación.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.
En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CIU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.