El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Catalunya al entender que su contenido «no sólo no es compatible» con la carta magna sino que «produce efectos», al plantear el inicio de un proceso «para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos». El Ejecutivo solicitará la suspensión de esa resolución hasta que se resuelva el conflicto.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un paso que llega tras los informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado a favor de la oportunidad de esta impugnación.
La vicepresidenta ha precisado también que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la «tercera vía» que ofrece la Constitución, la de impugnar el acuerdo del Parlament del pasado 23 de enero. Y que espera que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo entienda.
Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que el Estado tiene la «obligación» de cumplir y hacer cumplir la Constitución, que la declaración soberanista contraviene. Acude por ello a los tribunales, con la normalidad con que lo hacen las comunidades autónomas cuando «se ven compelidas» a defender sus competencias o impugnar decisiones del Estado que consideran que les afectan.
Por ello, por esa obligación de defender la carta magna porque así lo prevé la propia carta magna, la vicepresidenta espera que Mas entienda la reacción del Gobierno y ha recalcado que el Gobierno respeta que las autonomías se defiendan también en el Constitucional. «La Constitución funciona en esa doble vía», ha insistido.
Dicho esto, Sáenz de Santamaría no ha querido avanzar cuál será la reacción del Gobierno si la Generalitat catalana no atiende a la impugnación y sigue adelante cumpliendo la declaración soberanista. Ha pedido en cualquier caso respeto a la legalidad y a las decisiones del Constitucional.
Diálogo sobre todo lo demás
La vicepresidenta ha recalcado la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo con la Generalitat catalana y el «gran interés» del presidente, Mariano Rajoy, por reunirse con Artur Mas, encuentro pendiente desde la elección de este como presidente de la Generalitat de Cataluña. No está fijado aún, y tampoco ha aclarado si Rajoy ha tomado la iniciativa de llamar a Mas, si es que éste no lo ha hecho; se ha limitado a decir que los equipos de ambas partes tienen el encargo de «ajustar» la reunión.
Sáenz de Santamaría ha reivindicado también que la impugnación no es contradictoria con esta voluntad de diálogo y acuerdo y, volviendo al argumento anterior, ha dicho que el Gobierno no lo interpreta así cuando las autonomías recurren sus leyes o acuerdos. «Cada uno cumple con su obligación», ha reiterado.
En esta línea, la vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno mantiene el principio de lealtad y colaboración institucional y que está dispuesto a hablar sobre cualquier asunto sobre el que puede hacer algo, sean financieros, fiscales, de infraestructuras o de regulación, como ya dijo Rajoy en el debate sobre el estado de la nación.
En el caso de la consulta, ha dicho, el Ejecutivo no puede hacer nada porque sólo el pueblo español en su conjunto es soberano, no una parte de él.
Argumentos
El Gobierno entiende que la resolución del Parlamento de Cataluña resulta inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en los artículos de la Constitución 1.2, 2, 9.1 y 23, en relación con el artículo 168. Entre los principales argumentos se encuentra el de que no se puede declarar la soberanía del pueblo catalán cuando esta solo le corresponde al pueblo español en su conjunto. Además, el Gobierno defiende que la Constitución garantiza la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».
También se argumenta en la impugnación que una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado «ha de ser el producto de una decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y de acuerdo con los procedimientos previstos en la propia Constitución en su artículo 168».
En consecuencia, se agrega, el reconocimiento de un nuevo sujeto soberano en el pueblo catalán requiere una previa decisión constituyente, «políticamente imputable» a quien es el pueblo soberano, el español. Al hilo de este argumento, se ve conculcado el derecho del resto de españoles a participar en política, como defiende el artículo 23.
Por último, con su declaración, el Gobierno entiende que el Parlamento catalán se sitúa fuera de la Constitución, cuando esta obliga a todos los ciudadanos y los poderes públicos, entre ellos, el legislativo autonómico.