La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que la Iglesia será una de las instituciones a las que se aplicarán los criterios de la futura Ley de Transparencia, al recibir mayoritariamente fondos públicos, como otros muchos organismos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno no ha hablado de momento con representantes de la Iglesia Católica, como sí lo ha hecho con la Casa del Rey, pero que al ser una institución que recibe fondos públicos estará sujeta a los criterios de transparencia.
No obstante, ha recordado que habrá que estudiar la fórmula en la que se incluirá en la ley a la Iglesia y otras instituciones, que al no ser administraciones públicas, tienen estructuras y composición diferentes y no están sometidas al derecho administrativo.
Saénz de Santamaria ha explicado también, durante su comparecencia, que hace pocas semanas se constituyó un grupo de trabajo en el que participan los ministerios de Hacienda, Justicia, Presidencia, Economía y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que estudia las medidas necesarias para reforzar la transparencia y los controles actuales.
Entre ellas, un estatuto del ejercicio de las funciones de los políticos o el control de cuentas de los partidos.
La vicepresidenta ha señalado que se está hablando también con distintos organismos, que hay algunos puntos que están muy avanzados y que además se van a consultar con la Comisión Permanente de Consejo de Estado para que pueda aportar su experiencia y complementar las medidas.
En principio, la intención del Gobierno es que puedan aprobarse con «cierta agilidad».