La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer que el Ejecutivo se siente reforzado por la suspensión de la declaración soberanista catalana ordenada por el Tribunal Constitucional, tras la impugnación del propio Gobierno, y aseguró que estudia llevar al alto tribunal todo acuerdo que considere que incumple esa suspensión.
Tras «un primer mensaje claro, a quien lo quiera escuchar», lanzado por el Alto Tribunal, la vicepresidenta auguró que pueden llegar otros. «Aquellas actuaciones que supongan incumplimientos de la suspensión, lo que el Gobierno va a hacer es enviarlas o incorporarlas al Tribunal Constitucional para que tengan sus efectos y para poner en evidencia la suspensión (de la declaración soberanista)», explicó.
La portavoz anunció que el Gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie la comisión creada en el Parlament de Catalunya para aplicar el derecho a decidir. El objetivo es incorporarla a la citada impugnación; lo mismo se hará con cualquier otro acuerdo, sin cerrar tampoco la puerta a recursos independientes.
Sáenz de Santamaría incluyó en la advertencia también a los dirigentes políticos, a los que recordó que deben atenerse a las leyes y a la Constitución también en sus declaraciones y que serán los órganos judiciales y la fiscalía los que procedan, si lo ven necesario. «Entiendo que manifiesten lo que estimen oportuno, pero tienen obligación de respetar la Constitución y las leyes», dijo.