El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima norma educativa en 37 años de democracia, para su remisión inmediata al Congreso de los diputados, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, donde se buscará «un consenso más amplio» en torno a la reforma.
En comparecencia junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, Saénz de Santamaría ha afirmado que se trata de «la ley más importante de la Legislatura» y «una de las reformas fundamentales» del Ejecutivo, pues tiene «un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes».
«Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil», ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha destacado que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.
Asimismo, ha destacado que para su redacción «se han tenido en cuenta» las opiniones de las comunidades autónomas, los padres de alumnos, los docentes, los representantes sindicales, los profesionales de la educación, las asociaciones, plataformas y los ciudadanos en general con un buzón de sugerencias.
Sobre este asunto, Wert ha afirmado que el Ejecutivo va a «intentar todo lo que esté en su mano» para «conseguir un consenso más amplio, no sólo político, sino también social», aunque ha advertido de que se hará «sin desvirtuar» los planteamientos esenciales.
El ministro se ha referido a la dotación económica con que contará la ley, que el Consejo de Estado considera insuficiente, para explicar que hasta el 95% de los costes directos de implantación de la norma se deben al adelanto de los itinerarios formativos en la ESO y la creación de la Formación Profesional Básica, y podrían ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en tanto que, en el horizonte 2014/2020, «uno de sus objetivos temáticos es la eliminación del abandono escolar temprano y la capacitación de los jóvenes».
En total, Educación calcula que, el primer año, el coste directo será de 38 millones de euros; de 190 millones el segundo y de 340 millones el tercero. No obstante, si se descuenta lo que se prevé ahorrar con la reforma del Bachillerato, --tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP--, las cantidades se rebajan a 23 millones para el primer año, 130 para el segundo y 255 en el tercero. Los costes indirectos los asumen las comunidades autónomas y dependen del «éxito» que tengan en la implantación de la reforma.
Según ha dicho Wert, con la LOMCE se busca «garantizar el derecho a la educación, asegurando y mejorando la permanencia para reducir el abandono escolar temprano», consolidar «un sistema flexible y transitable» a nivel práctico, reforzar «la autonomía de los centros y también las competencias de las administraciones educativas» y conseguir una «homogeneización de los elementos básicos de las enseñanzas comunes, con el correlato de la señalización de aprendizajes mediante evaluaciones externas iguales en todo el territorio nacional».
El ministro ha destacado que la LOMCE supone un «cambio en la filosofía», en tanto que las asignaturas se dividen en «troncales, específicas y de libre configuración autonómica» para «poder definir, utilizando las competencias del Estado, un núcleo básico homogéneo» que a su vez garantice uniformidad en los contenidos educativos en todo el país.
Además, ha puesto el acento en «la nueva concepción, impulso y modernización de la Formación Profesional», con la creación de la Formación Profesional Básica, porque, a su juicio, este tramo es «la mayor debilidad desde el punto de vista de titulación» del sistema español. Según ha dicho, dará a «los jóvenes con dificultades para completar de forma normal la ESO» la posibilidad de «seguir un itinerario formativo que no está cerrado», sino desde el que se puede «seguir avanzando».
RELIGION CUENTA Y CON TRES SUSPENSOS NO SE PASA DE CURSO
La LOMCE establece que, tanto la asignatura de Religión como su alternativa --Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Eticos en Secundaria--, serán evaluables y la nota contará para la media del curso «a todos los efectos», ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, «como el resto de las asignaturas».
Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede --no se consideran troncales--, se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, en detrimento de cualquier otra de las optativas, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes.
También en línea con el Consejo de Estado, el proyecto de LOMCE contiene novedades en lo relativo a la enseñanza del Castellano en Cataluña: el Gobierno pagará un colegio privado cuando la comunidad autónoma no la oferte como vehicular, pero será de forma «transitoria» hasta que el Ejecutivo autonómico solucione la cuestión y, en todo caso, recuperará el dinero --calculado en 5 millones de euros para cada mil alumnos-- detrayéndolo de la partida que le corresponda en el marco de la financiación autonómica.
Otra de las novedades que han llegado al Consejo de Ministros afecta al paso de curso: no se podrá promocionar con más de dos suspensos y nunca si las dos asignaturas que no se han aprobado son troncales o una troncal y una lengua cooficial. La asignatura de Educación Para la Ciudadanía se diluye en «contenidos transversales» recogidos en todas las materias.
De este modo, quien suspenda, por ejemplo, matemáticas y lengua, o matemáticas y lengua cooficial, tendrá que repetir. Sin embargo, si las suspensas son matemáticas y música, podrá pasar de curso. Si los suspensos son tres, el alumno no promocionará, aunque una de las asignaturas sea Religión, conforme explican las mismas fuentes.
Por otra parte, en cuanto a las evaluaciones, el proyecto cambia respecto del redactado inicial: las pruebas de Primaria se realizarán en tercer curso y a nivel nacional, pero el diseño del examen y todo lo que a él se refiere será competencia de las comunidades autónomas. Estas pruebas medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo y estarán diseñadas para la detección temprana de problemas.
Por contra, la evaluación externa al término de la ESO y la que se impondrá al final de Bachillerato serán asunto del Ministerio de Educación, porque servirán para la obtención del título. Además de los conocimientos, se medirán competencias como la comprensión, el razonamiento crítico o la capacidad de poner en relación distintas materias, «al estilo de PISA». En todos los casos, los controles serán realizados y corregidos por personal externo al centro.