La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
«Como lo prevén nuestras normas, cuando se han atribuido ayudas de Estado que violan las reglas europeas, los beneficiarios de esas ayudas tienen que devolverlas al Estado miembro, es decir, en este caso a la Hacienda española», ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en rueda de prensa para presentar su decisión.
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión ha suavizado la propuesta inicial de Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005. El vicepresidente ha atribuido los sucesivos cambios en las últimas semanas a los «argumentos jurídicos» aportados hasta los «últimos momentos» tanto por los servicios de la Comisión como por España.
En todo caso, la decisión final queda lejos de las aspiraciones del Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
Almunia se ha negado a desvelar la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. «Nunca he anticipado ninguna cifra ni pienso hacerlo porque sólo corresponde evaluar quiénes son los obligados a devolver entre los inversores, cómo se va a producir la devolución y cuánto debe devolver cada uno a la Hacienda pública española», ha alegado el comisario de Competencia.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, mientras que el sector aumentaba la cantidad a 2.800 millones, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. «Creo que no tiene mucho que ver con lo que vaya a ser el montante total de la recuperación, pero son las autoridades españolas las que tienen que responder a esa pregunta», ha dicho Almunia al ser preguntado por estas cifras.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones «no pueden trasladar su obligación de devolución a terceros, por ejemplo a los astilleros, ni siquiera en aplicación de contratos privados existentes», según ha resaltado el comisario de Competencia.
Almunia ha explicado que parte de las ayudas «se pueden considerar compatibles porque contribuían a los objetivos de las directrices sobre ayudas de Estado al sector marítimo a través de las ventajas concedidas vía precio a las ventajas navieras».
Además, admite que «durante un determinado periodo existió incertidumbre jurídica sobre la compatibilidad o no del sistema del 'tax lease' con las reglas de las ayudas de Estado». Por ello, Bruselas perdona la devolución de las bonificaciones concedidas entre 2002 y 2007. «Esta incertidumbre se disipó definitivamente con la publicación en abril de 2007 de la decisión de la Comisión que concluía que el sistema francés, muy parecido al 'tax lease' español, era parcialmente incompatible», ha alegado el vicepresidente.
A su juicio, el problema viene de que España nunca notificó su régimen a Bruselas y por ello el Ejecutivo comunitario no actuó antes. En este sentido, Almunia ha vuelto a rechazar como argumento válido la carta que la ex comisaria de Competencia, Neelie Kroes, envió en 2009 al Gobierno noruego defendiendo el sistema español.
Frente a la denuncia de los astilleros de que con esta decisión no volverán a encontrar inversores, el comisario de Competencia ha resaltado que desde noviembre de 2012 existe un nuevo sistema de ayudas fiscales con total seguridad jurídica ya que ha sido avalado por Bruselas.
«El sector naval español es un sector que ha demostrado competitividad, capacidad de innovación y capacidad empresarial más que sobrada después de una larga reestructuración», ha sostenido Almunia. «Hay demanda entre las empresas navieras y los armadores, que conocen bien la calidad de lo que el sector español puede fabricar y yo creo que hay inversores y habrá inversores», ha insistido.
«Lo que hay que hacer es buscarlos y convencerlos y estoy seguro de que así se va a hacer», ha zanjado.