El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha citado a declarar al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros de la antigua cúpula de la entidad por aprobar sobresueldos a altos cargos pese a su crítica situación económica.
En un auto, el juez Josep Maria Pijuan considera que existen suficientes indicios para citar a declarar como imputados a los 54 miembros de la antigua cúpula de Catalunya Caixa, contra los que la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por un delito de administración desleal.
Si no hay modificaciones en las citaciones, las declaraciones de los imputados comenzarán el próximo 21 de octubre, cuando serán interrogados Serra, Todó y otros tres exdirectivos de la entidad bancaria.
El resto de los imputados prestarán declaración ante el juez el próximo 30 de octubre, así como los días 4, 5 y 11 de noviembre.
El juez Josep Maria Pijuan, el mismo que investiga el caso Palau de la Música, ha acordado estas imputaciones tras admitir a trámite la denuncia que presentó el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado por los «sueldos desproporcionados» que en su opinión aprobó Catalunya Caixa para sus altos cargos en 2010, pese a la «crítica» situación económica que atravesaba la entidad y el entorno de crisis.
Según la denuncia de la Fiscalía, los 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa imputados aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos «con evidente abuso del cargo», ya que «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera».
Concretamente, dichos sobresueldos se aprobaron en sendas resoluciones en enero y en octubre del año 2010, pese a que en julio de ese mismo año la entidad tuvo que acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para pedir una ayuda de 1.250 millones.
El primer acuerdo se aprobó el 19 de enero de 2010, con la oposición de una única consejera y la abstención de otros dos, y consistió en aumentar el sueldo variable anual del entonces director general Adolf Todó del 35 al 50 % y de su adjunto, Jaume Massana, del 35 al 45 %.
El segundo acuerdo se aprobó el 13 de octubre del mismo año -con siete votos en contra y siete abstenciones- para aumentar el sueldo para el año 2011 de los miembros del comité de dirección, de forma que Todó pasó a cobrar 812.501 euros (frente a los 800.481 que cobraba) y Massana 610.201 (frente a los 598.428).
En la denuncia, el fiscal detalla que, tras reducir drásticamente beneficios y entrar en pérdidas, en julio de 2010, se hizo «urgente» la intervención del FROB, que tuvo que aportar 1.250 millones, el 23,51 % de los recursos propios de la entidad.
En octubre de 2011, el FROB tuvo que desembolsar otros 1.718 millones más a Catalunya Caixa, con lo que pasó a asumir el 89,74 % del capital del nuevo banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorros Catalunya, Tarragona y Manresa, que fructificó en julio de 2010.
Finalmente, el FROB aportó, en diciembre de 2012, otros 9.084 millones de euros a la entidad, por lo que pasó a ostentar el 100 % del capital. Catalunya Caixa cerró el año 2012 con unas pérdidas de cerca de 12.000 millones de euros.
Todó, que presidió Catalunya Caixa entre octubre de 2011 y mayo de 2013 hasta su destitución por el FROB, ganó en la entidad un total de 4 millones de euros (3,1 en retribución fija y 0,8 en retribución variable) y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones, según la Fiscalía.
Además, añade la denuncia, pese a que Narcís Serra -que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González- tenía un cargo representativo en la entidad, recibía «elevados emolumentos en concepto de dietas», que en 2006 llegaron a los 135.707 euros, hasta que entre 2007 y 2010 combinó las dietas con un salario, por lo que pasó a cobrar entre 236.000 y 260.000 anuales.