La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió hoy a España la puesta en libertad de la presa etarra Inés del Río Prada con una sentencia definitiva, que no puede ser objeto de recurso, y que anula para ella la «doctrina Parot».
La excarcelación fue solicitada por los jueces europeos en el fallo por 16 votos a favor y uno en contra (el británico Paul Mahoney, que expresó una opinión parcialmente disidente a la puesta en libertad inmediata).
Este dictamen sólo hace referencia a Inés del Río y no al resto de 76 presos cuyo encarcelamiento se ha prolongado por la «doctrina Parot».
En cualquier caso, está previsto que la Corte Europea falle en los próximos meses sobre una treintena de demandas contra España de presos afectados por esa doctrina.
La sentencia de los 17 jueces de la Gran Sala dice que España vulneró dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: por unanimidad el 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y, por 15 votos contra 2, el artículo 7 (No hay pena sin ley).
El propio Mahoney y el juez bosnio Faris Behabovic mostraron su desacuerdo porque «no creen que la pena infligida a la demandante se haya endurecido por la decisión por la que se quejaba, a pesar de que haya tenido un efecto considerable en la duración de su encarcelamiento».
El mayor desacuerdo entre los jueces de la Gran Sala se ha centrado en la indemnización que España habrá de abonar a Del Río y que la sentencia de Sala la fijó, en julio de 2012, en 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros por gastos y honorarios.
Diez magistrados de la Gran Sala apoyaron esos 30.000 euros en concepto de daños morales, mientras siete expresaron su desacuerdo ya que opinan que la vulneración constatada y la medida solicitada al Gobierno «constituyen en sí una indemnización suficiente». La demandante había solicitado 60.000 euros por daños morales.
La Corte europea concluyó que, desde que se le aplicara la «doctrina Parot» hace más de 5 años, la miembro de ETA «ha sido objeto de una privación de libertad irregular».
Por ello y vista «la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas, el Tribunal estima que corresponde a las autoridades españolas garantizar la libertad de Del Río Prada a la mayor brevedad posible».
La puesta en libertad de la demandante estaba prevista para el 2 de julio de 2008, pero la Audiencia Nacional, en aplicación de la «doctrina Parot», fijó para el 27 de junio de 2017 la nueva fecha de excarcelación.
Según el fallo, la demandante «no podía prever» que se modificara la jurisprudencia con la «doctrina Parot», ni que «la Audiencia imputaría las redenciones de pena otorgadas a cada una de las penas impuestas por separado y no a la pena máxima de 30 años».
Esa doctrina se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006, por la que «la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves» y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. En la práctica, eso se traduce en que el tiempo de encarcelamiento se alargue.
Del Río (Tafalla, 1958) fue detenida en julio de 1988, cuando se dirigía en un vehículo con 35 kilos de amonal a Torremolinos (Málaga) para iniciar una campaña veraniega de atentados en la Costa del Sol.
Fue condenada a más de 3.000 años de cárcel; 2.232 correspondieron a la ayuda que prestó al Comando Madrid, liderado por Ignacio de Juana Chaos, para perpetrar el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, que costó la vida a 14 agentes.
A la lectura de la sentencia por parte del presidente del Tribunal de Estrasburgo, Dean Spielmann, no asistieron representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo ni de partidos que han apoyado a la demandante.
En representación del Estado, estuvo presente el embajador español ante el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález.
A partir de ahora, el Comité de Ministros del Consejo de Europa -órgano ejecutivo de esta organización paneuropea de 47 Estados miembros- realizará el seguimiento de la ejecución de la sentencia y velará por su cumplimiento.