La etarra Inés del Río, de 55 años, ha abandonado la prisión coruñesa de Teixeiro a las 16:25 horas de esta tarde después de que la Audiencia Nacional haya decidido su excarcelación por unanimidad en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Una quincena de personas, entre familiares y amigos, han esperado en el centro penitenciario gallego a la antigua miembro del comando Madrid, auxiliar administrativo de profesión, originaria de Tafalla (Navarra) y encarcelada desde julio de 1987.
Vestida de negro, Del Río ha repartido abrazos y besos entre la comitiva que la aguardaba y ha sido tapada con una enorme ikurriña para resguardarla del aluvión de flashes de fotógrafos y cámaras de televisión.
Sin hacer declaraciones, Del Río y sus acompañantes -entre quienes estaba su abogada- han abandonado la zona en cuatro turismos, en el último de los cuales viajaba la hasta ahora presa.
A su salida, se ha escuchado un contundente «ni olvido ni perdono», proferido por dos personas que, a título particular, sin representar a ninguna organización, se han acercado a Teixeiro.
Estos dos hombres, vestidos de traje y con una bandera en la que estaba tachado el escudo, han dicho a los informadores que lo que pretenden es denunciar que el Gobierno de este país «ha claudicado».
En los últimos años, Inés del Río había cumplido condena en Teixeiro por delitos, entre otros, de atentados, asesinatos, estragos, tenencia de explosivos y falsificación de documentos.
Bloqueo de la idemnización
Esta mañana, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaba por unanimidad dejar en libertad a la etarra en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, aunque decidía bloquearle la indemnización de 30.000 euros para destinarla a las víctimas.
Los 17 magistrados que componen el pleno han adoptado esta decisión al entender que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) «es clara y concluyente», por lo que «desde hoy se consideran extinguidas sus responsabilidades penales por cumplimiento de condena».
Además, la Sala de lo Penal ha acogido la petición de la Fiscalía de bloquear la indemnización de 30.000 euros fijada por Estrasburgo y que se destine al pago de responsabilidades civiles fijadas para las víctimas y del derecho de subrogación al Estado.