El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado citar a declarar como testigo en el 'caso Gürtel' a la presidenta del Partido Popular (PP) de Madrid, Esperanza Aguirre, por su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid «durante el tiempo en que se suceden los hechos investigados relacionados» con el que fuera su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acuerda este interrogatorio «en día y hora pendiente de señalamiento», aunque da a la testigo la opción de declarar por escrito por «haber tenido conocimiento de estos hechos por razón de su cargo».
El juez Ruz, que adopta esta diligencia a instancias del Partido Socialista de Boadilla del Monte y con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, señala que la declaración de Aguirre tiene por objeto «la comprobación de determinados extremos» que forman parte de la instrucción y que, según fuentes jurídicas, apuntalarían la imputación de López Viejo.
A López Viejo se le atribuye haber recibido «cuantiosos pagos» efectuados desde el entorno del cabecilla de la trama Gürtel , Francisco Correa, como consecuencia de «la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid».
Exime a Aguirre de responsabilidad
Aunque el magistrado señala expresamente que no consta «indicio alguno de participación o consentimiento» por parte de Aguirre en la «irregular operativa» de contratación que López Viejo llevó a cabo cuando ocupó el cargo de viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, añade que su declaración resulta «necesaria, útil e idónea a los fines de la instrucción».
A su juicio, su testimonio podría «incidir en la supuesta instrucción o indicación» que Aguirre le habría dado a López Viejo para prohibirle que contratara actos con la mercantil Easy Concept, vinculada a la trama de corrupción que presuntamente lideraba Francisco Correa.
En este sentido, el juez señala que el testimonio de Aguirre podría esclarecer las actividades de López Viejo, quien, según se deduce de la instrucción, ejerció labores de «intermediación» entre varias consejerías del Gobierno regional y la red de Correa a través de «sociedades pantalla o velo para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios». Estas empresas intermedias, según el auto, solían recibir una comisión variable de entre el 5 y el 11,5 por ciento del contrato adjudicado.
Casi cinco millones de beneficio
El juez cifra en 8,7 millones de euros el importe pagado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama 'Gürtel', que habrían obtenido un beneficio irregular de 4,9 millones de euros. Este dinero se habría repartido en «abonos a favor» de López Viejo, comisiones a personas vinculadas con las empresas de Correa y un porcentaje del 5 por ciento para la empresa Over.
También concreta que en al menos 104 actos de la Comunidad de Madrid, por importe de 3,1 millones de euros, ha quedado acreditado que el contrato de adjudicación se fraccionó en varios servicios por cuantía inferior a 12.020 euros, lo que evitaba la celebración de un concurso público.
El magistrado pone de manifiesto que la instrucción ha permitido constatar «la existencia de una operativa de contratación pública llevada a cabo por diferentes consejerías madrileñas que se apartaron de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia» requeridos.
«Conocimiento de estas prácticas»
Advierte, además, de que el examen de algunos correos electrónicos ha permitido comprobar que «determinadas personas pertenecientes a los órganos administrativos de la Comunidad de Madrid no sólo tenían conocimiento de la práctica seguida por las empresas sino que adoptaban una participación actividad».
López Viejo está indiciariamente imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación y delitos contra la Hacienda Pública. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez Ruz en agosto pasado, el exconsejero y su mujer, Teresa Gabarra, llegaron a ingresar 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002.
La Fiscalía Anticorrupción informó en contra de la declaración de Aguirre al considerar que no resultaba «necesaria en el estado actual de la causa», si bien podría confirmar las manifestaciones que realizó a varios medios de comunicación diciendo que le habría prohibido contratar con Easy Concept.