El fiscal anticorrupción Pedro Horrach remitió ayer un escrito de 35 folios al juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, para reiterarle que, a su juicio, en estos momentos «no hay una sola prueba que vincule a la infanta Cristina en actividades delictivas», y que por ello, «no cabe imputarle la supuesta comisión de los delitos de blanqueo».
Esta es la segunda ocasión en que el fiscal de la causa penal abierta contra miembros de la Familia Real, entre otros, se opone a que la hija menor del Rey declare como imputada en la supuesta trama de desvío de dinero público orquestada en torno al Instituto Nóos de Iñkai Urdangarin y Diego Torres. Horrach ya había recurrido la decisión del juez de imputar a la infanta Cristina el pasado mes de abril. En esta ocasión, sin esperar a que Castro redacte un nuevo auto imputándola, el fiscal toma la iniciativa para reiterar que «respecto a la Infanta solo pueden derivarse responsabilidades civiles, en su caso».
«La memoria es frágil»
Pedro Horrach inicia su escrito afirmando que la «memoria es frágil», y que por ello «el vaivén propio de todos los procedimientos judiciales complejos y las noticias aparecidas en los medios de comunicación... difuminan en ocasiones el origen de determinadas situaciones, oscureciendo el papel que han jugado en las mismas las instituciones y/o personas».
Defiende, en este contexto, la actuación desplegada por la Agencia Tributaria y califica de «incoherente e irracional» que quien inicia una investigación «sea acusado después de ocultar o encubrir la misma».
En ese mismo plano, Horrach recuerda que ha sido él quien «desde el inicio ha impulsado de forma activa la investigación».
«Si en el curso de las investigaciones este fiscal hubiera detectado indicios criminales contra doña Cristina de Borbón, hubiese instado los mecanismos judiciales legalmente procedentes».
«Especular o afirmar la existencia de confabulaciones delictivas dirigidas a la protección de determinadas personas en función de su posición, equivale al ‘humo' que vendían Iñaki Urdangarin y Diego Torres a los organismos públicos, presuntamente», subraya.
Primera imputación
Después de esta defensa de su independencia, el fiscal recuerda que la Audiencia de Palma, en el auto en el que anuló la primera imputación de la hija menor del Rey, negaba la existencia de cualquier indicio de su participación en los delitos de prevaricación, fraude a la administración, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y receptación atribuidos presuntamente a su esposo.
En el escrito, el fiscal recorre de principio todas las investigaciones realizadas en torno al papel que supuestamente jugó la Infanta en la trama y destaca «la imposibilidad de concretar respecto a doña Cristina de Borbón unos hechos con una mínima apariencia delictiva».
«Si nada hay, nada se puede contar», subraya Pedro Horrach.
La justicia en España está politizada, todo el mundo lo sabe. Es decir, politizada significa corrupta. No creo que en Marruecos sea peor. Al menos allí no sueltan de manera masiva a violadores y psicópatas, como hace la falsa democracia española.