La Audiencia Nacional ha condenado a 56 años de prisión al exdirigente de ETA José Javier Arizcuren Ruiz «Kantauri» por ordenar el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García, en Sevilla el 30 de enero de 1998.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia considera probado que desde finales de 1994 «Kantauri» era el jefe de los llamados «comandos ilegales» de ETA y responsable de todos sus actos criminales, entre otros del llamado «comando Andalucía», integrado por José Luis Barrios Martín, Mikel Azurmendi Peñagaricano y María Teresa Pedrosa Barrenechea.
Los magistrados explican en la sentencia, en la que también le condenan a pagar 1 millón de euros a los tres hijos del matrimonio asesinado, que se han recabado «abundantes pruebas de cargo» que acreditan que «Kantauri» fue quien ordenó el asesinato del concejal de Sevilla y su mujer, pues los comandos debían pedirle «autorización concreta» para perpetuar acciones contra personas del ámbito político.
De hecho, la sentencia detalla que «Kantauri» se reunió en Francia con dos miembros del «comando Andalucía», ya condenados por estos hechos, y allí les impartió «instrucciones concretas, facilitándoles la suma de un millón y medio de pesetas y tres pistolas Browning, más una pistola Star».
Así, sobre la una y cuarto de la madrugada del 30 de enero de 1998 los etarras Barrios y Azurmendi, armados con dos pistolas que les había entregado «Kantauri», siguieron al concejal y a su esposa durante 245 metros «pasando por estrechas, sinuosas y oscuras calles» y «ante la soledad que reinaba en esas calles».
Jiménez-Becerril se dio cuenta de que dos individuos les seguían y, como consecuencia, él y su mujer aceleraron el paso.
Esto no impidió que Barrio y Azurmendi se acercaran más, hasta situarse a unos 30 o 60 centímetros de la pareja, de forma que a la altura del número 11 de la calle don Remondo, Arzumendi disparó en la cabeza del concejal, cuando éste se giró alertado por los pasos de sus perseguidores.
La víctima se desplomó entonces «de forma instantánea» y su mujer comenzó a pedir ayuda a gritos, relata la sentencia, momento que aprovechó Barrios para disparar «a corta distancia a la base de la nuca de Ascensión García». «Los planes de 'Kantauri' se ejecutaron», apostilla la sentencia.
De esta forma, el tribunal ha sentenciado a «Kantauri» por un delito de atentado terrorista en concurso ideal con homicidio terrorista, en el caso del concejal, y un delito de homicidio terrorista, en el caso de la muerte de la esposa, con la atenuante por dilaciones indebidas y la agravante de alevosía.
A la hora de condenar al etarra, para quien la Fiscalía pedía 60 años de prisión, el tribunal ha tenido en cuenta entre otras pruebas las propias declaraciones que prestaron los autores materiales de los hechos en sede judicial, así como unas cartas manuscritas de «Kantauri» incautadas en un 1997 en el piso franco del «comando Vizcaya».
En esos documentos, el jefe de los llamados «comandos ilegales» ordenaba dedicar «toda la fuerza posible» en secuestrar a concejales del PP y abogaba por que si el rapto no era posible, los comandos debían «dar caña» y «a por otro».
«Si no podéis hacer un secuestro, dadle en toda la cabeza. Pero tened en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza», señala en sus órdenes «Kantauri», que concluye: «Dales kaña lo más fuerte que podáis».
Precisamente, el contenido de estas cartas es lo que ha llevado al tribunal a aplicarle la agravante de alevosía, pues, aunque no fuera autor inmediato de los hechos, «Kantauri» proporcionó a sus subordinados las instrucciones necesarias para llevar a cabo brutales atentados, facilitándoles armas, explosivos, dinero y todo el material necesario para el «éxito» de las acciones.
En este sentido, la sentencia identifica a «Kantauri» con «los jefes que ni se manchan las manos de sangre, ni corren peligro alguno de ser detenidos».
Entre los hechos por los que se le ha condenado en España figuran ordenar el intento de atentado contra el Rey en 1995, el asesinato de Fernando Múgica Herzog en 1996, el asesinato en 1987 de dos policías en el Alto de Armentia en Vitoria y ordenar el secuestro del industrial José María Aldaya en 1995.