El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha garantizado hoy la autonomía y la imparcialidad de la Fiscalía para actuar contra los autores de casos de corrupción y ha recordado que el Gobierno no puede dar órdenes a los fiscales sin que se sepa públicamente.
Alberto Ruiz-Gallardón ha contestado hoy en el Congreso a una pregunta de la diputada de UPyD Irene Lozano sobre cómo va a garantizar el Gobierno que en la lucha contra la corrupción los fiscales puedan cumplir los principios de imparcialidad y legalidad a las que les obliga la Constitución.
Ha aclarado que la Fiscalía no pertenece al poder Ejecutivo, ya que está regulada en el título de la Constitución que regula el Judicial.
«El Gobierno no puede dar ninguna orden al fiscal sin que lo sepa usted -en referencia a la parlamentaria- porque estamos sometidos al principio de transparencia y tiene que ser por acuerdo del Consejo de Ministros y pasar después a la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo», ha explicado el ministro.
Además, ha subrayado que el nombramiento del fiscal general es el único en el que participan los tres poderes del Estado, ya que es a propuesta del Gobierno, tiene que ser informado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comparecer ante el Parlamento.
En este sentido, ha subrayado que el actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, «es el primero de nuestra democracia que fue aprobado por unanimidad en el CGPJ y es una persona que garantiza esa absoluta autonomía».
Respecto a la petición de UPyD de cambiar el sistema de nombramiento, ha dicho que no es posible sin reformar la Constitución.
Irene Lozano ha explicado que UPyD le ha formulado hoy esta pregunta tras oír hace un par de días al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decir que estaba absolutamente convencido de que le irán bien las cosas a la infanta Cristina, imputada en el caso Nóos.
La representante de UPyD ha dicho que si es un buen deseo, «que resulta incomprensible», no entiende por qué el Gobierno no desea que le vaya bien a la hacienda pública, «que podría ser la perjudicada en caso de confirmarse los delitos que están en juego».
«Podemos sospechar que lo que va a hacer el Gobierno es participar en ese proceso a través de uno de los instrumentos que cuenta para garantizar la impunidad en los casos de corrupción, que es la Fiscalía», ha apostillado.
En este sentido ha pedido también que se aclare «cómo le van a ir las cosas a Bárcenas, Blesa, Rato, Narcís Serra, Oriol Pujol, Matas, Fabra, a Ignacio González y su ático y a los más de cien imputados por corrupción que hay en el PP de Valencia».
Irene Lozano ha recordado que el Consejo de Europa hizo público la semana pasada un informe en el que decía que era imposible combatir la corrupción en España si no se garantizaba la independencia de la Fiscalía y del CGPJ y recomendaba cambiar el método de elección.
«Mientras no siga las recomendaciones del Consejo de Europa sus planes para combatir la corrupción solo serán retórica y charlatanería», ha concluido