La Audiencia de Sevilla ha anulado la imputación en el caso de los ERE de Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, ex directores generales de Presupuestos de la Junta, por la «falta de concreción» en los hechos relatados por la jueza instructora, Mercedes Alaya.
La Audiencia, en un auto, se basa en los mismos principios que aplicó para anular la imputación en el caso de la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez.
En este caso, «parece que su imputación se desprendería tan solo del dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos», dice la Sección Séptima de la Audiencia.
Magdalena Álvarez
La Audiencia entiende que «subsisten las mismas razones» que motivaron la anulación de la imputación de Magdalena Álvarez, respecto a la cual la jueza Mercedes Alaya dictó en 2013 un nuevo auto ampliatorio con los hechos de los que le acusaba, le volvió a tomar declaración y finalmente le impuso una fianza civil de 29 millones de euros que en la actualidad se encuentra en fase de ejecución de los embargos.
La Audiencia da la razón al abogado de Lozano y Aguilera, José María Mohedano, en el sentido de que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva «por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación».
Dice el auto que «la complejidad de los hechos investigados» y la amplitud de delitos (prevaricación, malversación, cohecho, falsedad, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública o asociación ilícita) «hubiera hecho deseable que se especificase qué concreta participación en qué concreto delito se atribuía» a los ex altos cargos.
Los magistrados, sin embargo, reconocen que Alaya ha ido haciendo esa concreción «a medida que se ampliaba el panorama de personas investigadas».
El auto afirma que es necesaria esa «mayor precisión» puesto que Lozano y Aguilera, que fueron directores de Presupuestos de la Consejería de Hacienda entre 2002 y 2012, no coincidieron totalmente con los años en que Álvarez fue consejera de Hacienda entre 1994 y 2004.
Según la Audiencia, la inconcreción de la acusación se centra en las llamadas transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas y el verbo «permitir» que la jueza instructora atribuye a los ex altos cargos de la Junta imputados.