La policía ha constatado que hubo fallos de coordinación en el dispositivo policial de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo, unos errores que han motivado el relevo del jefe de la primera Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid y obligado a Interior a reorganizar los antidisturbios.
Son las consecuencias de la investigación interna que abrió la policía tras unos incidentes que acabaron con 101 heridos, de los cuales 67 eran policías, y de la que ayer dio cuenta en la comisión de Interior del Congreso el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
Aunque de la actuación policial no se derivan responsabilidades disciplinarias, Cosidó ha querido que para restaurar la «plena confianza» de los antidisturbios en la cadena de mando sea relevado el jefe de las UIP de Madrid, Javier Virseda, que apenas llevaba tres meses en el puesto.
Responsabilidad
Una decisión que a la oposición le ha parecido insuficiente, toda vez que la Izquierda Plural ya había demandado el cese de Virseda, pero también los del jefe de las UIP de toda España, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona.
Ese día los violentos consiguieron acorralar a un subgrupo de UIP, el denominado Puma 70, que se quedó aislado a la altura del paseo de Recoletos y fue objeto de la acción de los radicales sin que llegaran refuerzos para auxiliarles.
Cosidó dejó claro que la investigación no ha detectado fallos en el diseño ni el despliegue del operativo, pero sí «algún fallo de coordinación y comunicación» en el transcurso de los violentos altercados.
Para evitar que vuelva a suceder y ante la escalada de violencia que la policía está detectando, Interior ha decidido establecer un protocolo con el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la coordinación con los servicios de emergencia, remodelar la estructura de las UIP y dotar a los agentes de mejores medios de protección, con un coste de medio millón de euros.