El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) impuso hoy una multa de 30 millones de euros a España por no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas ilegales concedidas en los noventa a empresas del País Vasco, conocidas como «vacaciones fiscales vascas».
La máxima instancia judicial comunitaria considera que España merece la sanción, pero rebaja la cuantía de más 64 millones de euros que había propuesto la Comisión Europea (CE).
Esta decisión, contra la que no cabe recurso, cierra un litigio que ha enfrentado a Bruselas y España durante más de una década.
El Tribunal considera que España no ha ejecutado adecuadamente una sentencia de 2006 que señalaba la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación, y confirma que el país no recuperó íntegramente las ayudas ilegales antes del 7 de agosto de 2008, que era la fecha límite marcada por Bruselas.
La corte recalca además que el proceso de recuperación de las ayudas se prolongó durante más de cinco años desde la sentencia y que este retraso no podía achacarse a dificultades relacionadas con la recuperación de las ayudas.
Señala también que este tipo de ayudas son particularmente perjudiciales para la competencia, debido a lo elevado de su cuantía y al gran número de beneficiarios de las mismas, y destaca que España merece la sanción por reiterar un comportamiento ilícito pese a que varias sentencias señalaban la ilegalidad de las ayudas y pedían su recuperación.
Las conocidas vacaciones fiscales vascas, de las que se beneficiaron unas 300 empresas, englobaron en total tres medidas, pero esta decisión se refiere solo a dos de ellas: la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades y el crédito fiscal del 45 % del importe de ciertas inversiones.
La exención del impuesto de sociedades, la tercera medida en cuestión, fue objeto de un procedimiento anterior.
Este proceso comenzó en 1999, cuando la CE abrió una investigación formal contra España.
En 2001, Bruselas concluyó que las ayudas vascas eran incompatibles con el mercado común, por lo que debían ser suprimidas y los beneficiarios devolver los importes recibidos.
Ante la falta de respuesta de España a su petición, la Comisión interpuso seis recursos por incumplimiento contra el país en noviembre de 2003.
El Tribunal de Justicia confirmó en 2006 que España había incumplido la orden de la CE y urgió al país a recuperar las ayudas.
Cinco años después, la CE consideró que España seguía sin cumplir con esa sentencia de 2006 y presentó el presente recurso en el que solicitaba el pago de una multa.