Las asociaciones de víctimas del accidente de Spanair, Metro de Valencia, Víctimas del Alvia-Santiago, Yak-42 y la familia Couso se han unido en la Red de Víctimas Españolas (REVES) para exigir a la clase política española «respeto, justicia, verdad y memoria», ya que se sienten «ninguneados, ignorados y maltratados».
Así lo explicaron los portavoces de las diferentes asociaciones en una rueda de prensa celebrada en Madrid, para presentar un manifiesto que han suscrito y que entregarán a los partidos políticos que se presentan a las elecciones europeas del 25 de mayo. En este acto estaba prevista la asistencia de representantes de las familias de las víctimas del Madrid Arena, que rubricarán el manifiesto más adelante.
Entre las propuestas y peticiones que incluye el citado manifiesto se incluye la creación de una Oficina de Víctimas Europeas, la constitución de un grupo de trabajo que elabore el Estatuto Europeo de las Víctimas y la creación de un Consejo Nacional de Seguridad, dependiente del Congreso de los Diputados que investigue las catástrofes dentro y fuera del Estado español.
Extraordinario
Durante su intervención, la presidenta de la asociación de víctimas del accidente del vuelo de Spanair JK-50-22, Pilar Vera, manifestó que «hoy está más cerca de hacerse realidad el sueño» por el que viene luchando desde marzo de 2010 y es la «unión» de las víctimas en España, lo que, a su juicio, será «extraordinario y único».
María Teresa Gómez, de la Plataforma de Víctimas del Alvia-Santiago, puso en valor la «ejemplar» instrucción del juez del caso, al tiempo que acusó al fiscal porque «no se dedica a defender a las víctimas, sino a los acusados porque son poderosos, al Estado español porque el Ejecutivo manda sobre el Legislativo y sobre el Poder Judicial», y acusó al Ministerio de Fomento «de ahora y al de antes, porque ha vendido un billete de alta velocidad por un afán de codicia».
El presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Sencianes, aseguró que antes de que sus familiares murieran, creían que los políticos españoles «no mentían y que estaban al servicio de todos los ciudadanos, sobre todo en los casos de vulnerabilidad». Además, denunció la «impunidad completa» que hubo en su caso y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «indultó hace dos años a los tres únicos acusados, declarados delincuentes», haciendo el «peor agravio a la memoria de 62 ciudadanos y a sus familias».
Paco Cardona, de la Asociación 3 de Julio de Metro de Valencia, indicó que este acto «no debería ser necesario» ni que las víctimas tengan que exigir que se atiendan sus derechos de información y de reparación». Según Cardona, la respuesta que las administraciones dan ante una tragedia está «más encaminada a proteger a los responsables de estos sucesos que en algunas ocasiones es la misma administración, que a defender los derechos de las víctimas».