El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha calificado de «chapuza» la última reforma de la justicia universal y ha lamentado que la justicia se mercantilice y sirva de «moneda» de cambio para «intereses geopolíticos».
El magistrado ha participado en la segunda jornada del Congreso Internacional 'Jurisdicción Universal en el siglo XXI', organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), donde ha enumerado los obstáculos a los que se enfrentan los jueces de la Audiencia Nacional al investigar las causas cometidas más allá de las fronteras españolas.
Entre ellos, ha citado la nula cooperación de algunos países o las «injerencias» a la separación de poderes. Además, ha rendido homenaje a las nueve víctimas españolas, entre médicos, cooperantes y misioneros, cuyos casos está investigando su juzgado. Andreu ha afirmado que de continuar así las podrán vivir en una «absoluta desprotección», según ha informado en una nota FIBGAR.
La cara de China
El abogado del 'caso Tíbet' en España José E. Esteve ha indicado que la causa abierta por este genocidio mostraba la «verdadera cara de China, que en ese momento se encontraba en una campaña internacional para lavar su imagen».
«Ante las evidencias, la embajada China exigió, con una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, el archivo de esta causa. Cinco días después se conoce la reforma que limita la LOPJ. Este fue el primer caso que se cerró», ha añadido.
Por su parte, el abogado Manuel Ollé ha repasado la historia de la jurisdicción universal en España y ha defendido que se trata del «único mecanismo para acabar con la impunidad».
El abogado Joan Garcés ha lamentado el temor que los gobiernos profesan a la jurisdicción universal, a la que consideran como «enemigos a abatir» y ha declarado que «lo peligroso está en pensar que la soberanía está en quien puede tomar la decisión».