El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que en su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha habido «más diferencias que coincidencias», aunque ambos han convenido en que la consulta soberanista de Cataluña no puede celebrarse porque es «ilegal».
En rueda de prensa tras reunirse en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Sánchez ha explicado que la entrevista ha sido cordial y que en ella le ha trasladado al jefe del Ejecutivo su disposición a un diálogo «leal, sincero y abierto» pero con posiciones «firmes» en lo que defiende el PSOE.
Una de ellas es sobre el debate catalán, respecto al cual Sánchez ha trasladado a Rajoy la apuesta del PSOE, que considera que la «única» solución pasa por una reforma federal de la Constitución, que luego debería ser sometida a la consulta del conjunto de los españoles.
Así, ha hecho suya la llamada «declaración de Granada», en la que el PSOE y el PSC pactaron la propuesta federal, y ha querido dejar claro que esa será la postura que defiendan todos los socialistas en el futuro. El referéndum soberanista no puede ser celebrado porque «es ilegal», ha incidido.
Frente al «inmovilismo», ha planteado a Rajoy que se constituya ya una ponencia parlamentaria que aborde la reforma constitucional.
«Queremos afrontar ese proceso de modernización de la Constitución y vamos a ver qué dice el presidente del Gobierno», ha dicho ante las numerosas preguntas de los medios respecto a la contestación que le había dado Rajoy a su propuesta.
Sánchez no cree que sea necesario llegar a la vía de tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución, ante una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña, y ha recordado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha comprometido a actuar siempre dentro de la legalidad.
«Yo creo en lo que dice Mas», ha subrayado el líder socialista, quien espera reunirse en los próximos días con el dirigente catalán.
Al igual que a Rajoy, su idea es insistirle en que éste «no es tiempo de levantar muros sino de tender puentes, apostar por la unión de España y la convivencia de todos los españoles vivan donde vivan».
Para Sánchez, la reforma de la arquitectura institucional es una cuestión que estaba pendiente desde hace muchos años, pero que el «conflicto» catalán ha convertido en «urgente».
Además de Cataluña han hablado de la situación económica y Sánchez ha propuesto a Rajoy que se utilicen los 5.800 millones que el Gobierno prevé que se van a ahorrar por el recorte de las prestaciones por desempleo para dar una ayuda a todos los parados son hijos a su cargo.
Invertir «en solidaridad», en su opinión, «es ahora mismo el mejor servicio que puede hacer el Gobierno».
Después de señalar que no comparte «el optimismo que rezuma el Gobierno en su conjunto» sobre las perspectivas económicas, el líder del PSOE ha señalado que también han abordado la posibilidad de reformar la ley electoral para la elección directa de los alcaldes, como quiere Rajoy, con la que no está de acuerdo.
«Es un 'no' ahora y un 'no' en el futuro», ha asegurado Sánchez, para quien esa reforma es «un error» y no es el camino que se necesita para avanzar en regeneración democrática ni para garantizar la estabilidad y gobernabilidad de muchos ayuntamientos.
En su opinión, la regeneración democrática «pasa sobre todo por respetar las reglas de juego y no cambiarlas cinco minutos antes de que acabe el partido», en alusión a que en pocos meses habrá elecciones municipales, y también por no aprobar en el Congreso «muchas de las medidas a través de decretos».
También confía en que Rajoy «no emule a la secretaria general del PP» y su «intento de pucherazo» en Castilla-La Mancha con la reforma del Estatuto de Autonomía.
No han hablado expresamente de ello, pero Sánchez ha hecho hincapié en que los socialistas van a tener una «oposición frontal» en la reforma de la ley del aborto, convencido de que no se puede «cercenar» la libertad de las mujeres no ofrecer alternativas que «ya eran viejas hace 30 años».
En este contexto, ha prometido una oposición «intensa pero activa y constructiva» del PSOE en las Cortes Generales, con el propósito de contribuir a aportar soluciones a los problemas del país.
Los socialistas, ha sostenido, harán una «oposición activa», tanto en el Parlamento como «en la calle», en contacto con los colectivos que se están manifestando en defensa de cuestiones como la sanidad y la educación públicas.
El principal acuerdo es sobre la necesidad de una hucha llena, para poder vaciarla, según la costumbre, en el próximo gobierno de izquierdas.