Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya, cobró supuestamente comisiones millonarias por asesorar e intermediar en obras públicas dependientes del Ejecutivo catalán, según un informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Fuentes de la investigación han explicado que el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) entregado el 13 de junio al juez Ruz detalla numerosas operaciones de las que sospecha que fueron realmente el cobro de comisiones ilegales, si bien no hace un cálculo del montante recibido por todas las operaciones detectadas.
Uno de los casos que detalla el informe policial son las cantidades recibidas en relación con la reforma de la Gran Vía de Hospitalet de Llobregat. En 2002 una UTE (unión temporal de empresas) formada por una gran constructora y el Grupo COPISA consiguió la adjudicación del proyecto, que tuvo un montante inicial de unos 90 millones.
Pingües beneficios
Estas obras fueron concedidas cuando era conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Felipe Puig Godes, hermano de Jordi Puig, quien participa junto Pujol Ferrusola en variados negocios que «dejaron pingües beneficios a ambos», según las fuentes. El informe policial destaca, no obstante, que la conexión directa de la adjudicación del proyecto de Hospitalet «con las plusvalías ilícitas que se presumen gestadas no es posible porque no existen documentos que así lo indiquen» y carece de sentido reclamarlos a la empresas implicadas, añadieron las fuentes.
Sin embargo, la UDEF afirma que su experiencia en investigaciones anteriores indica que estas circunstancias son «salvables», como se puso de manifiesto en la investigación del caso Palau de la Música.
En aquestos casos, s'hauria de parlar, per ventura, de "obra privada".