La devolución a los funcionarios del 25% de la paga extraordinaria que se les suprimió en el año 2012 se producirá finalmente en metálico, y no mediante aportaciones a sus planes de pensiones como se anunció inicialmente, según ha señalado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso.
Según Beteta, el «trabajo bien hecho por las administraciones públicas» en los últimos años ha dado al Gobierno «un pequeño margen presupuestario» que se destinará a los empleados públicos, a los que se abonará una cuarta parte de la paga extraordinaria de la Navidad de hace dos ejercicios durante el primer trimestre de 2015.
«A diferencia de lo anunciado inicialmente, la devolución será en metálico y no en aportaciones al fondo de pensiones, algo reclamado y aceptado por los sectores sindicales», ha precisado el secretario de Estado, que justifica este cambio en que así se respeta el «derecho» de los funcionarios a «elegir libremente» si destinan ese dinero a ahorro o a consumo.
En su turno de réplica, Beteta ha rechazado la «presunción» de que esta decisión se toma para evitar un fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra la supresión de la paga extraordinaria, y ha defendido que la medida responde a «un compromiso adquirido de que cuando mejorara la situación presupuestaria se iría avanzando en la devolución».
ULTIMA CONGELACION SALARIAL
Con respecto a la congelación salarial incluida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015, Beteta ha expresado su confianza en que «muy probablemente será la última que ocurra» y ha recordado en cualquier caso que la tasa de inflación es «prácticamente neutra».
Esto «mitigará sin duda la pérdida de poder adquisitiva» de los empleados públicos que, además, se beneficiarán --como el resto de ciudadanos-- del «aumento de la renta disponible» que propiciará la reforma fiscal ya desde la nómina de enero «por la vía de menores retenciones».
Junto a estas medidas, el Ejecutivo también ha decidido elevar del 10% al 50% la tasa de reposición de los «sectores prioritarios» --Sanidad, Educación, servicios sociales, lucha contra el fraude fiscal y laboral, y Seguridad-- lo que «permitirá reforzar la función pública» en las áreas «donde la sociedad tiene mayores demandas».
COMPRENDE LA FRUSTRACION
Pese a todo, el responsable de Administraciones Públicas comprende el «sentir y la frustración, incluso la sensación de hastío» que tienen «muchos» empleados públicos tras las «sucesivas» congelaciones salariales y otras medidas que les han afectado en los últimos años, y ha reconocido que los funcionarios «han sufrido de modo especial la necesidad de ajuste presupuestario y consolidación fiscal».
«El Gobierno asume esta realidad y la comprende, aunque la crisis exige prudencia y cautela, ya que el objetivo de déficit aún no se ha cumplido. Hemos hecho grandes avances, nos encontramos cada vez más cerca, pero todavía queda camino por recorrer», ha recordado.
Y es que, a su juicio, «una de las causas que motivó el déficit» excesivo fue el «crecimiento de estructuras burocráticas administrativas que no se correspondían con las necesidades reales de la sociedad», como demuestra el hecho de que entre 2004 y 2012 los empleados públicos se incrementaran un 14,14% frente al 9,41% que aumentó la población.
«Esta situación se tradujo en un incremento muy notable en gastos estructurales presupuestarios de personal, que cuando los ingresos crecían no planteaban problemas, pero sí cuando empezaron a decrecer exponencialmente», ha señalado.
MENOS FUNCIONARIOS
Y dado que «más no significa mejor» y que «tener más empleados públicos no es en absoluto sinónimo de tener una mejor administración sino que hay que tener el número adecuado para prestar los servicios públicos», el Ejecutivo ha «adecuado» durante los últimos años la plantilla pública a las «necesidades de la sociedad».
Según el secretario de Estado, desde enero de 2012 hasta enero de este año el número de funcionarios se ha reducido en 134.714 personas (-5,02%) hasta situar la plantilla pública en algo más de 2,55 millones de trabajadores, de los que el 62,9% son funcionarios, el 24,4% es personal laboral y el 12,69% restante son interinos.
En concreto, la Administración General del Estado (AGE) ha reducido su plantilla un 3,96% (-23.059 trabajadores), las comunidades autónomas un 4,97% (-67.237 empleados), los ayuntamientos un 6,1% (-36.438 funcionarios) y los «tantas veces denostadas» cabildos, diputaciones o consejos insulares un 16,02% (-11.366 personas). Por tipos de contrato, en los dos años mencionado se han eliminado 68.154 empleados funcionarios, 40.803 trabajadores laborales y 25.757 interinos.
Según ha subrayado Beteta, «la reducción del déficit ha ido también de la mano de este componente importante del gasto público, que es el de personal», que se ha reducido gracias a las jubilaciones «esencialmente». «Es falsa la afirmación de que las mayores reducciones han sido fruto de los despidos. La reducción de personal en su inmensa mayoría ha sido fruto de la jubilación», ha insistido.
Finalmente, el secretario de Estado ha asegurado que la disminución de la plantilla pública ha provocado también un «dato insólito» como es el «incremento de la productividad en el sector público y, en consecuencia, de su competitividad». Asimismo, se ha reducido «singularmente» el absentismo, que actualmente «es perfectamente comparable con el del privado, algo que no ocurría antes».
«Estoy convencido de que 2015 será un año de inflexión en el ámbito de la función pública, avanzando hacia otra época. En 2015 alumbraremos un nuevo escenario definido por la implementación de la evaluación del desempeño, el desarrollo del Estatuto Básico del empleado público y, si las circunstancias y el consenso lo permiten, una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado y el Estatuto del Directivo. Todo en beneficio de la función pública», ha zanjado.
PARTIDAS PARA EL MUFACE
Con respecto al MUFACE, Beteta ha señalado que incrementa su presupuesto un 1.58% entre las dos partidas que le afectan. La primera, de 222 millones de euros, para las prestaciones económicas del mutualismo administrativo, en la que se reducen el gasto de personal (1,18%), los gastos corrientes (-16,62%) y las inversiones (-18,75%), mientras se mantienen en 218 millones las transferencias corrientes, que incluyen la incapacidad temporal y las ayudas sociosanitarias.
Y una segunda partida «sustancial» que aglutina el gasto de farmacia, dotado con 338,4 millones de euros, un 5,98% más que el año pasado y en la que también se enmarcará el próximo concurso del sistema de asistencia de empleados públicos, cuya consignación se incrementa un 0,79% con respecto a 2014. «Es un presupuesto ajustado y razonable para que nuestros empleados públicos puedan tener la mejor cobertura sanitaria», ha señalado Beteta.