El Gobierno considera que las medidas anticorrupción que ha impulsado en la legislatura le hacen un «adalid» en la lucha contra esta lacra, pero tanto en el Ejecutivo como en el PP se ve con gran preocupación que prosiga la «sangría» de casos y temen que empañen esa labor y les pase factura en las urnas.
«No ha habido otro Gobierno que haya aprobado tantas medidas como éste para poner coto a la corrupción», aseguran fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe, que reconocen que las últimas noticias que se están conociendo son un «torpedo» contra todo el trabajo que se ha venido realizando.
Tanto en el Gobierno como en el PP comprenden la indignación de los ciudadanos ante los nuevos casos de corrupción, pero recalcan que la misma indignación se siente en Moncloa y Génova por lo que han hecho las personas afines al partido.
En el Ejecutivo se hace hincapié en que desde el primer día de la legislatura este problema ha sido objeto de medidas impulsadas por el Consejo de Ministros.
Así, recuerdan que en su primera reunión ya se planteó la reforma de la ley orgánica de financiación de los partidos y, posteriormente, se adoptaron otras medidas ejemplarizantes como la limitación de las cesantías que cobraban los ex altos cargos, la reforma de le ley de prevención y blanqueo de capitales y el refuerzo de la lucha contra el fraude.
Especial trascendencia se otorga a la que es la primera ley de Transparencia de la democracia española, que entrará en vigor el próximo mes, y a las dos iniciativas que envió el Gobierno al Congreso en febrero: el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado.
A ellas se refirió ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó más medidas anticorrupción (el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la creación de 282 nuevas plazas judiciales) y en la que achacó a la oposición, y especialmente, al PSOE la tardanza en aprobar los dos proyectos que están en la Cámara Baja.
«¡Basta ya de esperar! Por supuesto que es mejor el consenso, pero si se pretende seguir demorando el debate, el Gobierno y el PP asumirán la responsabilidad y actuarán en solitario para que esas propuestas se conviertan en realidad antes de fin de año», subrayan las fuentes citadas.
Por todo ello, tanto estas fuentes como otras del Partido Popular insisten en que se está actuando de forma «incansable» durante toda la legislatura, aunque asumen que los casos en los que están implicados exdirigentes de esta fuerza política enturbian todas esas actuaciones.
Y reconocen que también afectan al mensaje central que el Gobierno pretende trasladar a la sociedad respecto a la «evidente» recuperación económica.
Todo ello se traduce en una preocupación por el efecto que los casos de corrupción pueden tener en las urnas.
En ese sentido, en el PP (y también en el PSOE) se espera con inquietud la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que se conocerá la próxima semana, que incluirá intención de voto y que se baraja que puede certificar el auge de Podemos frente a los partidos tradicionales.
Aunque ese resultado no sea óptimo para el Partido Popular, las fuentes consultadas por Efe destacan que aún queda tiempo para las próximas citas electorales y hay margen para la recuperación.
Pero, para ello, existe un sentimiento unánime de que hay que actuar de forma contundente y trasladar nítidamente a la sociedad un mensaje de intolerancia a los casos de corrupción propios.
Incluso hay voces que apuestan por dar un vuelco al partido donde esos casos están siendo más visibles, como Madrid, aunque el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó esta semana su claro apoyo a la presidenta del PP en esta comunidad, Esperanza Aguirre.