El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente por unanimidad la consulta soberanista alternativa convocada por la Generalitat para el 9N, al admitir a trámite el recurso que el Gobierno presentó contra esta convocatoria.
La decisión ha sido adoptada esta mañana por el pleno del tribunal de garantías en respuesta a la solicitud que le hizo el ejecutivo central en este sentido.
La suspensión afecta no solo a la convocatoria en sí sino también a todos los actos organizados por la Generalitat catalana relativos al proceso de participación ciudadana previsto para el 9 de noviembre alternativo y tiene efectos desde el pasado 31 de octubre, fecha en que fue solicitada por el Abogado del Estado en nombre del ejecutivo de Mariano Rajoy.
La admisión a trámite del recurso del Gobierno conlleva de manera automática la suspensión cautelar porque así lo determina la Ley Orgánica del Constitucional para casos como éste -en los que así lo solicita el Gobierno-.
La admisión a trámite y la suspensión cautelar no determinan el sentido del fallo que deberá adoptar en un futuro el tribunal de garantías sobre el fondo del asunto.
El Gobierno central acordó el pasado viernes impugnar ante el TC la citada convocatoria de la Generalitat, decisión que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó como un intento de «asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia».
Por su parte, la Generalitat decidió ayer presentar una demanda ante el TC para que no suspendiera el 9N alternativo, demanda que no ha sido aceptada por el Constitucional.
El pleno del TC ya suspendió el pasado 29 de septiembre, de forma cautelar y por unanimidad, la primera consulta soberanista catalana convocada para el 9 de noviembre, tras admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria.
De este modo, esta es la segunda ocasión en la que el Ejecutivo central acude contra la consulta soberanista catalana ante el TC y la segunda vez en la que el tribunal de garantías responde admitiendo a trámite dichos recursos y suspendiendo la convocatoria.
la unanimitat del tribunal constitucional espanyol, delata que no son jutges imparcials que apliquen lleis i normes, son jutges nomenats pel PP i PSOE i dicten el que els convé políticament.