El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado instrucciones a la Fiscalía Superior de Catalunya para presentar querella por el proceso participativo del 9N, pero el fiscal superior catalán, José María Romero de Tejada, se ha opuesto «al no considerarlo procedente».
Por este motivo, y ante esta discrepancia interna, Torres-Dulce ha convocado para el miércoles una junta de fiscales de sala con el fin de avalar su decisión de presentar la querella contra los responsables políticos de la consulta, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional en dos ocasiones.
El fiscal general del Estado ha hecho este lunes pública finalmente su decisión de presentar querella tras recibir la comunicación de la Fiscalía Superior de Catalunya expresando su conocida postura: «por el momento no procede iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana».
Según un comunicado oficial del Ministerio Público, «el fiscal general del Estado considera que debe formularse querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y así lo ha ordenado hoy», pero «el fiscal superior, José María Romero de Tejada, no lo considera procedente y así se lo ha comunicado a última hora de la tarde de hoy» a Torres-Dulce.
Romero de Tejada convocó el pasado viernes a la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya y la mayoría de sus miembros se mostraron contrarios a la presentación de la querella al considerar que no existe basa jurídica para ello.
Dado que la semana pasada no concluyó su debate, la junta volvió a reunirse este lunes y, de nuevo, ha expresado su oposición a que se presente una querella contra el presidente de Catalunya, Artur Mas, y otros responsables del gobierno catalán por supuestas responsabilidades penales en el proceso consultivo celebrado el pasado día 9 de noviembre.
A la vista de la oposición de la Fiscalía catalana para la presentación de la querella, y de la decisión adoptada en el mismo sentido por su máximo responsable, Torres-Dulce ha convocado la Junta de Fiscales de Sala en aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, que establece el trámite del Ministerio Público cuando existen discrepancia internas.
Los fiscales catalanes siempre se han mostrado contrarios a la presentación de la querella del 9N desde que al día siguiente del proceso la Fiscalía General del Estado les remitió el borrador que había elaborado para la presentación de la querella de forma inmediata.
Debido a la discrepancia tanto con el contenido de la querella como contra las autoridades contra las que iba dirigida, la Fiscalía Superior de Catalunya reclamó una reunión en Madrid para hablar el asunto.
De esta forma, el pasado miércoles la cúpula de la Fiscalía General del Estado y de la de Catalunya se reunieron para limar sus diferencias respecto a las acusaciones de la querella que estaban ultimando contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por las posibles responsabilidades penales derivadas del 9N.
Entonces se interpretó que el fiscal general del Estado dejaba en manos de la Fiscalía catalana la decisión de la presentación de la querella, pero al día siguiente Torres-Dulce dejó claro que la decisión la adoptaría él en último lugar, tal y como ha hecho público definitivamente hoy.
La Fiscalía de Catalunya recibió hace unos días un primer borrador de querella, que se dirige contra el presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, la consellera de Educación, Irene Rigau, y el conseller de Interior, Ramon Espadaler, y propone acusarles de los delitos de prevaricación y desobediencia, entre otros.
La decisión del fiscal superior catalán supone el segundo varapalo que Torres-Dulce recibe desde la Fiscalía de Catalunya en poco más de un año.
José María Romero de Tejada fue propuesto para el cargo por el Fiscal General en julio de 2013 para sustituir a Martin Rodríguez Sol, quien dimitió unos meses antes tras una polémica por unas declaraciones en torno al proceso soberanista catalán.
Romero de Tejada era precisamente teniente fiscal con Rodríguez Sol.
Rodríguez Sol se vio forzado a dimitir el 5 de marzo del año pasado después de que la Fiscalía General le abriera un expediente para relevarlo tras haber defendido en una entrevista la legitimidad de una consulta al pueblo catalán, dentro de un marco legal.
Torres-Dulce aseguró entonces que las declaraciones del fiscal jefe de Catalunya Martín Rodríguez Sol sobre el proceso soberanista no fueron sólo la causa de su remoción, sino que en el análisis de un año de ejercicio se constató que comprometió su imparcialidad.
Según explicó el fiscal general, que propuso también en su día a Rodríguez Sol para el cargo, «se produjo un desajuste en el ejercicio de la jefatura», tanto durante la campaña electoral catalana «como posteriormente», lo que obligó a la Fiscalía General a hacer un análisis sobre si el ejercicio de ese cargo «comprometía los principios y finalidades del Ministerio Fiscal, básicamente su imparcialidad, su unidad de actuación y su dependencia jerárquica».
Cambio de destino inmediato ya, se huele la complacencia.