El Pleno del Congreso ha dado este miércoles luz verde al nuevo Código Penal que la oposición ha tachado como una «chapuza» por introducir «la cadena perpetua» a través de la figura de la prisión permanente revisable, si bien el PP ha defendido su constitucionalidad avalada por los órganos consultivos del Estado.
Con el único apoyo de los populares, la Cámara baja ha sacado adelante el texto que llegará al Senado tras más de un año y cuatro meses de tramitación parlamentaria, del que será el gran proyecto estrella del Ministerio de Justicia aprobado por las Cortes en esta legislatura.
En el debate, la oposición ha criticado duramente la reforma tanto por su fondo, que consideran «represivo, populista e innecesario», como por su forma, al denunciar un «atropello» en su tramitación, lo que ha sido negado por el PP que ha recordado que el texto se ha sometido al mismo recorrido parlamentario que la reforma de 2010 a instancias del PSOE.
La incorporación de la prisión permanente revisable, la elevación de la edad de consentimiento sexual que pasa de los 13 a los 16 años, así como la «escasa» e «insuficiente» regulación del paquete de medidas de lucha contra la corrupción han centrado las críticas de los grupos a la reforma, calificada por el PP como «imprescindible», ya que persigue a los corruptos y a los delincuentes que cometen los «crímenes más execrables».
Frente a las duras críticas de los grupos a la prisión permanente revisable, Leopoldo Barreda (PP) ha defendido la constitucionalidad de esta figura ante la «caricatura penal de la oposición, que pretende confundirla con la cadena perpetua».
Ha explicado que no sólo el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado han avalado esta pena, sino que es «la propia sociedad la que exige que no sea igual matar a uno que a veinte».
No obstante, los grupos han lamentado que la iniciativa supone un obstáculo a la reinserción del penado. «Es totalmente incompatible», ha señalado el socialista Julio Villarrubia que ha alertado del carácter «imprevisible» de esta figura.
«El PP quiere que se pudran porque no cree en la reinserción social», ha denunciado Gaspar Llazamares de la Izquierda Plural. «No hay nada revisable en esa prisión permanente, es un monumento a la chapuza», ha agregado.
Desde CiU no tienen dudas. «Es una cadena perpetua y por eso estamos en contra», ha subrayado la diputada Montserrat Surroca. «Es imposible resocializar», ha remachado Emilio Olabarría (PNV).
Rosa Díez (UPyD) se ha dirigido al ministro de Justicia -presente en el debate- para preguntarle si no le «ha entrado alguna duda» ante una medida que tiene el rechazo social y de la inmensa mayoría de expertos, así como de la fiscal general del Estado y de toda la oposición de la Cámara.
En relación a la corrupción, los grupos han considerado «insuficientes» las nuevas medidas incorporadas al Código Penal que deniega la libertad condicional a los condenados por corrupción que no devuelvan el dinero y castigará con multa las donaciones ilegales a los partidos hasta los 500.000 euros, y con pena de cárcel las superiores.
«El PP es fuerte con los débiles pero débil con los fuertes», ha dicho Villarrubia mientras que Llamazares ha señalado que se ponen «tantas cautelas a la financiación de los partidos que al final no hay delito».
UPyD ha lamentado que la reforma no regule el enriquecimiento ilícito ni la existencia de cajas 'B'. «El señor Luis Barcenas podría seguir siendo tesorero del PP cuando entre el vigor el Código Penal», ha subrayado.
No obstante, el PP ha presumido de una reforma «diseñada para combatir la corrupción y perseguir a los corruptos». «Los ciudadanos quieren que los corruptos vayan a la cárcel, que salgan de la administración y que devuelvan lo robado», ha explicado Barreda.
Al término del debate, el ministro de Justicia ha tomado brevemente la palabra para destacar que la reforma es «propia de los tiempos actuales» y ante las críticas por la falta de consenso, ha avanzado que el texto puede «seguir mejorando» en el Senado.
Entre otras novedades, el nuevo Código Penal castiga «la explotación sexual» contra los animales (zoofilia) y obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Congreso de los indultos concedidos y denegados.
El texto mantiene también la figura del delito de coacción a la huelga que la oposición ha pedido derogar, si bien se incluyen penas no privativas de libertad -multas- y se reducen los tipos tanto para los empresarios como para los piquetes, que tendrán penas más elevadas que los primeros.