La juez de Barcelona que investiga la fortuna oculta del expresidente catalán Jordi Pujol en el extranjero ha citado a declarar como imputado a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el próximo 26 de marzo, han informado fuentes judiciales.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha imputado a Jordi Pujol Ferrusola, después de que así lo solicitara la acusación popular ejercida por Manos Limpias, dado que el primogénito de la familia administró la fortuna oculta en el extranjero.
La imputación de Jordi Pujol Ferrusola se suma a la que ya tiene por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, donde el juez Pablo Ruz investiga si cobró presuntamente comisiones millonarias por asesorar e intermediar en obras públicas dependientes del ejecutivo catalán.
La juez ha acordado citar a declarar a Jordi Pujol Ferrusola después de que su padre y tres de sus hermanos admitieran, en su declaración judicial como imputados, que el primogénito había administrado el dinero oculto y se había encargado de realizar ingresos en sus cuentas.
Concretamente, el expresidente de la Generalitat precisó en su declaración judicial que la fortuna oculta procede de un legado que su padre Florenci cedió a su esposa y nietos y que fue gestionado sucesivamente por los ya fallecidos Delfí Mateu y Joaquim Pujol y, posteriormente, por Jordi Pujol Ferrusola.
En su auto, la magistrada ha solicitado también a la Agencia Tributaria un informe que confirme si las regularizaciones que Marta Ferrusola y sus hijos Pere, Marta y Mireia Pujol hicieron el pasado verano de los fondos que tenían en cuentas andorranas, mediante declaraciones complementarias, se efectuaron correctamente.
El presidente catalán, su esposa y los tres hijos que efectuaron esas regularizaciones declararon a finales del mes pasado ante la juez como imputados por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En sus declaraciones, los Pujol insistieron en la versión que el expresidente catalán mantuvo en su carta de confesión del pasado mes de julio, según la cual, los fondos ocultos en el extranjero procedían de una herencia, pero no aportaron ninguna documentación que así lo acreditara.