El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado hoy que el Gobierno no devolverá el dinero recaudado por las tasas judiciales a las personas que ya lo pagaron, aunque no descarta que tenga que hacerlo en caso de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dicte en una sentencia.
En un desayuno informativo, Catalá ha considerado que las retroactividad no se puede aplicar para unos impuestos que estuvieron vigentes durante más de dos años con «plena legalidad».
«No entiendo cómo sería posible devolver algo que durante el tiempo que estuvo en vigor fue plenamente legal», ha explicado el ministro en alusión a las tasas judiciales, cuya norma de regulación cuenta con cinco recursos de inconstitucionalidad.
Al respecto, ha dicho que «habría que esperar a la sentencia» para determinar si el TC se pronuncia «en términos de constitucionalidad, retroactividad o suspensión» que pueda conducir a una hipotética devolución de las cuantías.
Con todo, ha dicho no conocer «ningún antecedente por el cual como consecuencia de una rebaja o de una supresión de impuestos se haya hecho un enfoque revisionista hacia atrás durante el tiempo».
En este sentido, el PSOE ha preguntado al Gobierno si piensa emprender medidas para compensar «a las personas y familias que no pudieron acudir a los juzgados», así como para «reponer a aquellos que tuvieron que pagar las tasas».
Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, el Ejecutivo ha recaudado 125,9 millones de euros con las tasas judiciales de las personas físicas: 65,1 en el primer año y 60,8 en el segundo, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia.
Esta cifra está incluida en la suma global que para el mismo período de tiempo alcanza los 564,4 millones de euros entre personas físicas y jurídicas, las cuales son las que acumulan la mayor recaudación.